Sí, es necesario un Ministerio de la Mujer

Es preocupante el retroceso que vemos en los últimos meses en la agenda mujer, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo y el Tribunal Constitucional (TC). Un Gabinete desbalanceado en su composición por género, como no lo estaba hace más de 15 años, y que no fue capaz de observar el proyecto de ley que comprometió el enfoque de género y la educación sexual integral de la currícula escolar. Un TC que, como señaló Marianella Ledesma, emite sentencias que serán recordadas como modelos de retroceso, conservadurismo y discriminación. Un Legislativo que pretende retroceder 100 años para quitarle a las mujeres y personas gestantes el derecho al aborto terapéutico, y que ahora, dedicando recursos públicos a asuntos que no son de su competencia, acaba de proponer que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pase a denominarse Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.

Cambiar el nombre no es un asunto meramente gramatical, que ya es importante, por cierto. La modificación invisibiliza las desigualdades que hoy existen entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, así como las violencias que sufren las mujeres y que obedecen a una problemática distinta a la de otras que existen en la sociedad.

El índice de analfabetismo en las mujeres es tres veces mayor que el de los hombres. El porcentaje de mujeres con problemas de salud crónicos supera en un 10% al de sus pares. Las muertes maternas aumentaron en un 40% en la pandemia. El 30% de mujeres no tiene recursos propios. La brecha de acceso al empleo es del 20%. Las mujeres apenas representan el 5% de las alcaldías provinciales y distritales. Seis de cada diez mujeres adultas serán víctimas de violencia en algún momento de sus vidas. Tres de ellas pasarán por violencia física. Una de cada cuatro adolescentes en las zonas rurales del Perú está embarazada. Básicamente, en nuestra sociedad, en cualquier campo que queramos evaluar, vamos a encontrar una brecha de género.

Estas brechas requieren del trabajo conjunto de todo el aparato estatal, pero también de atención específica y de un ente rector que guíe la política de estado para reducirlas. Por eso y para eso es que existe un MIMP. Si algo debe hacerse con la agenda mujer es fortalecerla, no debilitarla. Y un cambio en el nombre del MIMP la debilita porque acarrea de manera inminente en la institución un cambio de mandato y de priorización. En el mejor de los casos, la agenda mujer quedaría en manos de una dirección general cuando la envergadura, relevancia, complejidad y consecuencias del problema requieren de una atención distinta y prioritaria. Y por cierto, el MIMP ya atiende en su organización actual a las familias y a los integrantes del grupo familiar que requieren especial protección. Lo hace a través del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables y de las Direcciones Generales de la Familia y la Comunidad, y de la de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este no es, pues, un debate binario de si debemos tener un ministerio de la mujer o de las familias. Es que simplemente no son lo mismo. Los derechos de las mujeres no deberían ser incompatibles con los derechos de las familias (sí, familias), pero tampoco se reducen a estos. Hacerlo equivale a definir a la mujer únicamente en base a eventuales roles de esposa y madre, cuando las mujeres vienen ocupando, y lo seguirán haciendo, muchos más espacios en la sociedad.

Lo que tenemos es una situación de discriminación estructural que genera brechas de género en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Es un problema grave y real que acarrea pérdidas para el país en su conjunto. Pérdidas que se traducen, además, en términos del PBI. La tasa estimada de crecimiento del PBI en el Perú para el 2022 es del 3%. Solo hace un par de años se estimó que el cierre de brechas de género aumentaría el PBI de la región en un 14%. ¿Queda así clara la relevancia?