"El escuadrón de la muerte actuó con total impunidad y protección desde el 2012 hasta fines del 2015". (Ilustración: Víctor Aguilar)
"El escuadrón de la muerte actuó con total impunidad y protección desde el 2012 hasta fines del 2015". (Ilustración: Víctor Aguilar)
Rubén Vargas Céspedes

En enero del 2015 (durante el gobierno de Ollanta Humala) un comandante de la Policía Nacional denunció ante la Inspectoría General la existencia de un formado por oficiales y suboficiales en actividad, que operaban desde distintas unidades de la policía con la protección de algunos generales. A sus víctimas, más de 30 personas entre civiles y policías, después de asesinarlos los presentaban como ranqueados delincuentes.

Era de esperarse que el escuadrón de la muerte y sus protectores, apoyados por un grupo de comunicadores, lanzaran un ataque de demolición contra el oficial denunciante. Destruyeron su nombre acusándolo de traidor y pretendieron vincularlo a organizaciones criminales. Con ayuda de malos fiscales interceptaron sus teléfonos e intentaron asesinarlo varias veces. Para salvar su vida tuvo que refugiarse por más de un año en una oficina de la Dirección de Investigación Criminal.

La Inspectoría General de la derivó la denuncia a la fiscalía. Lamentablemente, sin hacer mayor investigación y por temor a las represalias, el fiscal a cargo archivó el caso. Las sanciones administrativas tampoco prosperaron. Las leguleyadas de los que protegían al escuadrón consiguieron retirar del caso al investigador que estaba proyectando una resolución con responsabilidades. Así las cosas, para el denunciante no había nada más que hacer. Se había atrevido a enfrentar en solitario a un grupo de policías que, literalmente, asesinaban a personas y, como consecuencia de ello, su vida y su carrera estaban arruinadas.

Esta historia negra cambió en julio del 2016. Un ex comandante general de la PNP y el mismo oficial denunciante volvieron a presentar el caso, esta vez ante las nuevas autoridades del Ministerio del Interior. Por la gravedad de los hechos, el ministro Carlos Basombrío ordenó una urgente y minuciosa investigación. Esta tarea estuvo a cargo de una comisión presidida por mí.

Después de 15 días de intenso trabajo la comisión llegó a la conclusión de que, en efecto, se había formado al interior de la Policía Nacional un grupo irregular de agentes que, con aquiescencia de un general, elaboraban informes de inteligencia y planes operativos deliberadamente fraguados, con el propósito de asesinar a personas (civiles y policías) y presentarlos como operaciones exitosas contra delincuentes prontuariados. Todas las intervenciones se realizaron en base a la descripción de hechos irreales y la identificación de personas que no reunían las características ni los antecedentes criminales consignados en sus reportes. Varias de las víctimas habían sido previamente sometidas, detenidas y, posteriormente, ejecutadas a tiros. De acuerdo con los exámenes periciales, otro grupo de víctimas no habían disparado un arma de fuego, pero los reportes atribuían su muerte a un enfrentamiento abierto con fusiles de asalto.

Ahora bien, ¿cuál era el móvil que motivó al escuadrón de la muerte a cometer estas barbaridades? La comisión concluyó que eran, principalmente, beneficios personales para sus miembros (ascensos, condecoraciones y manejo de fondos de inteligencia). Por ejemplo, el jefe operativo de este grupo obtuvo seis condecoraciones y un ascenso por acción distinguida, todos a propuesta del general que protegía al escuadrón.

Como era previsible, el ministro Basombrío y yo nos convertimos en el blanco de los ataques del escuadrón, que contaban con la ayuda de una maquinaria mediática. Nos amenazaron de muerte las veces que les vino en gana. Calificaron de farsa el informe de la comisión. Intentaron convertir a los integrantes del escuadrón en héroes y justicieros que castigaban a supuestos delincuentes.

Ninguna ONG de derechos humanos quiso asumir la defensa de las víctimas. ‘Meterse con un escuadrón de la muerte era muy peligroso’. Es más, una elaboró informes tratando de explicar ‘técnicamente’ que eran operaciones policiales limpias y profesionales.

La comisión entregó su informe a la Fiscalía de la Nación. Las investigaciones fueron encargadas a Álvaro Rodas, de la fiscalía contra el crimen organizado. Después de seis años se emitió la primera sentencia condenatoria de 35 años de cárcel para los integrantes del escuadrón. Aún faltan dos expedientes más, donde se acumularon los casos más aberrantes. Todo indica que, finalmente, se estaría haciendo justicia gracias al trabajo profesional y valiente del mencionado fiscal Rodas y de su equipo.

El escuadrón de la muerte actuó con total impunidad y protección desde el 2012 hasta fines del 2015. Los ministros del Interior de ese periodo podrían decirnos que no sabían o no se dieron cuenta de esas acciones criminales. Sin embargo, considerando que la denuncia se presentó en enero del 2015, ¿es válido este argumento para los que ejercieron durante los siguientes meses y años y no hicieron nada para detenerlos?

Nosotros decidimos entrar al averno donde crecía, engordaba y escondían al monstruo. Fue un acto absolutamente impopular, pero había que hacerlo. Mirar al costado y dejar que el escuadrón siga ejecutando su estrategia, como nos sugirieron algunos amigos que después se convirtieron en enemigos, habría sido imperdonable. La mejor defensa y homenaje a nuestra querida PNP fue limpiarla de asesinos y corruptos. Las sentencias condenatorias y, especialmente, la captura de todos sus integrantes dará el mensaje del nunca más. ¿Se atreverá el actual comando policial?

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