Tensión entre autonomía y control, por Fuad Khoury
Tensión entre autonomía y control, por Fuad Khoury
Redacción EC

El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación del gasto público y de los resultados de la gestión pública, contribuyendo a la reducción de la corrupción, el peor de los males que afecta el desarrollo de nuestro país.

La aprovecha cualquier debilidad en los controles, los espacios vacíos y las zonas grises del ordenamiento legal para sacar ventaja e incluso apropiarse de los recursos públicos, por lo que es necesario eliminar estos riesgos estableciendo instrumentos, reglas y procedimientos claros y que promuevan la transparencia en la gestión pública.

A propósito de esta falta de control y transparencia en la gestión pública, desde hace un buen tiempo se discute cómo los organismos internacionales intervienen en las contrataciones de bienes, servicios y obras con recursos del Estado. 

Una de las formas de intervención de los organismos internacionales es la prevista por la y su reglamento, que permite a las entidades públicas realizar procesos de selección por encargo para la contratación de bienes, servicios y obras, considerando sus normas y procedimientos, y solo en tanto estas cumplan con los principios establecidos en la ley de contrataciones. Cabe mencionar que las estadísticas muestran que en el 2013 se habrían realizado transacciones por la suma de S/.1.466 millones.

Un aspecto fundamental que habilita la suscripción del convenio por encargo es la provisión de información periódica a la , lo que, sin embargo, no necesariamente viene sucediendo. 

Otra forma en la que participan los organismos internacionales es a través de convenios de administración de recursos, mediante los cuales el Estado les entrega recursos presupuestales para la ejecución de proyecto o actividades; es decir, realizan los procesos de contratación de bienes, servicios u obras, y gestionan la ejecución de los contratos. 

En estos casos, la transparencia y los mecanismos de control se ven debilitados con mayor intensidad, dado que –a pesar de que usan fondos públicos– ni la contraloría ni otros organismos encargados de la fiscalización y control pueden acceder a parte de los documentos e información fuente que sustentan las transacciones, por los privilegios y la inmunidad diplomática de los organismos internacionales y sus funcionarios. 

La pregunta que surge es: ¿por qué las entidades del Estado optan por estos mecanismos? La respuesta fáctica y objetiva la ha señalado el propio presidente de la República: tenemos procesos y procedimientos de contratación, complejos, complicados y confusos, que generan ineficiencias y controversias.

En tanto, como Estado, no logremos superar la situación descrita, seguramente seguiremos encontrando razones y justificaciones para requerir los servicios de los organismos internacionales, cuyo costo en algunos casos supera el 3% del monto de las transacciones a su cargo. Mientras ello suceda, los organismos internacionales que operan en el país deberían contribuir a la transparencia, aceptando que se incluya en los convenios que suscribe la posibilidad de acceder a sus archivos y documentos con respecto a los fondos públicos que administran. 

En la contraloría estamos a favor de la innovación y de las buenas prácticas para dotar de celeridad a los procesos de la administración pública. Todos los esfuerzos en ese sentido son plausibles, pero no debemos descuidar que vengan acompañados de los controles que aseguren el buen uso de los recursos públicos.

Con tal fin, desde el 2010 venimos impulsando un proyecto de ley para corregir esta situación, asegurando el acceso irrestricto a toda la documentación relacionada con los mencionados convenios. De aprobarse esta iniciativa, el nos permitiría fortalecer el , a fin de perfeccionar la legislación que regula las compras públicas y facilitar el ejercicio del control gubernamental.

Mientras tanto, seguirá la duda de si las operaciones efectuadas por los organismos internacionales se están realizando correctamente.