Un Congreso responsable

En poco más de ocho meses de trabajo ininterrumpido, el Congreso de la República no solo ha aprobado leyes de impacto social, sino también normas que han permitido dar seguridad a las inversiones y recuperar el equilibrio entre los poderes del Estado. En el camino, el oficialismo ha intentado censurar a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, en más de una oportunidad; sin embargo, es importante resaltar que la composición de la Mesa corresponde a la misma mayoría que ha puesto al país por delante y se ha preocupado –desde la primera legislatura– por el fortalecimiento de las instituciones y la atención de los principales problemas del país.

La actual Mesa Directiva es también una representación permanente del consenso al que llegaron los diversos grupos políticos en julio del 2021 y de todo lo que se ha logrado hasta la fecha, salvo acercamientos al Gobierno de alguno de sus miembros. Basta con recordar que esa es la mayoría que decidió poner un alto al abuso de la cuestión de confianza. Es el mismo grupo democrático que precisó que toda reforma constitucional siempre debe pasar por el Congreso, poniendo un alto a la asamblea constituyente y que, frente al indignante acaparamiento de los puestos del Estado, ha establecido requisitos mínimos para los altos funcionarios.

Aun así, es necesario reconocer que, con el paso de los meses y con los permanentes ataques del Gobierno, el Congreso no goza de una gran aprobación, además por la reprochable actuación de algunos de sus integrantes. Quizás el argumento de que todo congreso es impopular es la primera respuesta que se pueda pensar, pero debemos ir más allá: sin Congreso –por impopular que sea– no habría estado de derecho, mucho menos, libertades o quién haga frente al desgobierno en el que nos encontramos.

Ello no significa, en ningún caso, que el Congreso no sea consciente de que las distintas regiones del país necesitan atención. Los conflictos mineros, el alza de combustible y el consecuente paro de transportistas son algunas de las demandas de la población que no vienen siendo atendidas por el Ejecutivo. Aún más, es el propio Ejecutivo el que con su inconstitucional decreto supremo causó las manifestaciones del 5 de abril. El Congreso no ejecuta; no obstante, este siempre tendrá la disposición para atender y buscar soluciones.

La propia presidenta del Congreso ha expresado que en el Congreso nadie se aferra a su curul: si nos tenemos que ir, por el país, lo haremos. Si con unas nuevas elecciones el Perú saldrá del caos y desgobierno, pues nadie podría anteponer su escaño ante el bienestar de la Nación. Lo que sí tenemos claro es que, durante el tiempo que dure nuestro mandato, debemos trabajar arduamente por la reforma política de la que esperamos obtener consenso y la mejora de las instituciones, pues sin ello nada nos garantiza la permanencia de las nuevas autoridades.