(Ilustración: Rolando Pinillos)
(Ilustración: Rolando Pinillos)
Alfredo Thorne

El Gobierno ha tomado medidas decisivas para enfrentar el contagio de COVID-19, muchas basadas en la experiencia internacional de otros países que nos precedieron en la guerra contra el virus. Como nos han recordado los expertos epidemiólogos, poco sabemos del virus y algunos han hecho la analogía con un iceberg que esconde el 70% de su magnitud. El experimento más ilustrativo es lo que pasó en la liga de baloncesto de EE.UU. (la NBA), donde muchos jugadores pensaron que no estaban contaminados y días después mostraron los síntomas y confirmaron el contagio. Queda claro que, al inicio, lo más acertado para evitar que los afectados asintomáticos propaguen el virus es el aislamiento y la inmovilidad que ha declarado el Gobierno.

Muchos nos preguntamos cuánto tiempo más podremos sostener este aislamiento. La semana pasada el Gobierno decidió extender el aislamiento hasta el 12 de abril, similar a España y otros países, que nos preceden. Al hacerlo un nuevo frente se le abre: la parada en seco de la economía o, en inglés, ‘the sudden stop’. En una economía paralizada e informal como la nuestra, la capacidad de resistencia es limitada. Afortunadamente, el Gobierno, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) han promulgado, también en el ámbito económico, medidas muy acertadas: recursos suficientes al sistema de salud, un bono de S/380, que se duplicará a S/760, para la población vulnerable, posponer el pago de impuestos, significativas inyecciones de liquidez por parte del BCR, la SBS ha facilitado a los bancos el refinanciamiento de las deudas, y los bancos ofrecen perdonar entre dos y tres meses de intereses a sus deudores.

Algunos han invocado nuestra fortaleza fiscal y los recursos de los que podríamos disponer. Ciertamente son sustanciales, pero, finalmente, son limitados. En un entorno en que los mercados internacionales desechan todo tipo de riesgo que no sea la exposición al dólar y a los bonos del Gobierno de EE.UU., resulta inverosímil que podamos hacer uso a plenitud de nuestra capacidad de endeudamiento. Tenemos la certeza de que contamos con los ahorros del Tesoro, que son amplios, pero consolidados podrían llegar al 14% del PBI. En un entorno en que el Tesoro casi no recauda y los gastos crecen exponencialmente, invocar la fortaleza fiscal es elusivo por decir lo menos. Lo cierto es que no estamos seguros del todo respecto al costo de la guerra del COVID-19 y hay que estar preparados.

Nos corresponde pensar en un plan alternativo y hay dos cosas que podemos hacer. Primero, aislar rápidamente a la población contaminada y vulnerable. Sería deseable que durante este aislamiento podamos extraer a la población contaminada y fortalecer nuestro sistema de salud, que tiene grandes carencias. Mucho se está haciendo y el Gobierno anunció la compra de más de 1,6 millones de kits para hacer la prueba del coronavirus, los cuales han ido llegando paulatinamente. Deseable sería implementar la estrategia de Corea del Sur de hacerle la prueba a toda la población para poder identificar a los asintomáticos, es decir, ese 70% del iceberg que aún no vemos. Con nuestro sistema de salud, ello parece un gran reto, pero necesitamos hacerlo posible con el apoyo del sector privado, cueste lo que cueste. Acertado ha sido usar la Villa Panamericana, construida para los Juegos Panamericanos, para ampliar el número de camas, pero deberíamos extender esa experiencia a provincias para poder atender al total de la población.

En lo económico, además de proteger el ingreso disponible de la población, convendría reactivar gradualmente la cadena productiva. En efecto, parece que la experiencia alemana de suspensión selectiva del aparato productivo sería lo más adecuado. Hay ciertos sectores que, con adecuadas medidas de aislamiento, podrían empezar a normalizarse; sectores donde la aglomeración no es crítica. Pienso, por ejemplo, en la minería, donde rápidamente se le podría efectuar la prueba a los trabajadores que van a laborar por un período de 20 días y encapsularlos. Lo mismo se podría hacer en hidrocarburos, pesca, agricultura e inclusive en transporte. En ciertos subsectores de servicios, como el financiero, se podría implementar el teletrabajo y la digitalización. De esta manera podemos empezar a reactivar nuestra economía gradualmente. Hay algunos como los restaurantes que difícilmente se podrán normalizar, pero aun en estos,se podría implementar servicios de delivery.

Donde el golpe es duro es en el sector informal y, sobre todo, en la población vulnerable. Aquí el apoyo de los S/380 (posteriormente S/760) ha sido una medida muy decidida. Todavía hay muchas medidas que se podrían implementar para proteger el empleo y la cadena de pagos. Los rumores de reducción de empleo masivo son muy fuertes y quizás convenga permitir a los afiliados del sistema previsional tomar créditos muy concesionales supervisados por la SBS hasta por el 25% de su fondo, que no es lo mismo que permitir el retiro de este monto. También preocupa que se tarde la inyección de liquidez a las mypes, y Cofide, por intermedio de la banca, podría comprar masivamente sus facturas, como he propuesto en otros medios. Asimismo, sería conveniente seguir de cerca la velocidad con la que los bancos comerciales trasladarán a las empresas los S/30.000 millones que el BCR les otorgará ofreciéndose como garante de estas.

Experiencias de pandemias anteriores y la de China nos confirman que el choque del COVID-19 será muy fuerte, pero durará por un tiempo determinado. Esto nos debería hacer pensar que la economía va a caer en una recesión muy fuerte en el primer semestre, pero luego conforme se normalice la actividad vamos a rebotar. Lo que queda claro es que la profundidad de esta caída y su rebote posterior van a depender de nuestra respuesta: mientras más proactivos seamos, más fuerte será nuestra recuperación.

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