Un mal ‘Pazo’ en el sector pesquero

Nuestro mar es uno de los más ricos del mundo y eso es algo que nos llena de orgullo a todos los peruanos. Por ello, los que nos dedicamos a la actividad pesquera tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros recursos marinos y esto necesariamente implica combatir el flagelo de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, adoptar mejores prácticas pesqueras, buscar la mitigación de la contaminación ambiental y, por supuesto, proteger nuestra soberanía marítima de flotas extranjeras con antecedentes de pesca ilegal y abusos a los derechos humanos.

En la búsqueda del cumplimiento de este objetivo, coexisten una diversidad de voces que, aunque generalmente apuntan a lo mismo, pocas veces se ponen de acuerdo para trabajar juntas. No siempre es fácil encontrar consensos y puntos medios que faciliten que defendamos juntos el mar de todos. Por eso, cuando eso sucede, solo puede deberse a una cosa y, tristemente, no a una buena: nos enfrentamos a la posibilidad de que ocurra un hecho catastrófico que podría destruir todo lo bueno que hemos construido en los últimos años.

Recientemente, el congresista Bernardo Pazo (Somos Perú) ha presentado un proyecto de ley para formalizar más de 2.000 supuestas embarcaciones. Estas responderían a expedientes que, en el 2018, se presentaron al proceso de formalización de embarcaciones pesqueras más importante que se haya vivido en la historia reciente del sector pesquero peruano. Sin embargo, estos expedientes fueron excluidos porque se determinó que no estaban aparejados a naves existentes. Ahora, luego de que el proceso de formalización haya terminado exitosamente y haya logrado la inserción masiva del sector pesquero artesanal al mundo formal, nace este proyecto de ley que podría fomentar la construcción y legalización de embarcaciones ilegales.

Lógicamente, esta iniciativa no se presenta como un intento de legalizar construcciones ilegales de embarcaciones; sino que, aprovechándose de la buena voluntad de algunos congresistas, pero también de su falta de conocimiento en temas pesqueros, se plantea este proyecto de ley como un pedido social de un puñado de gremios “artesanales” en situación vulnerable y se dice que éstos solo buscan que se les de oportunidades para progresar. Lógicamente, suena bien.

Lo que no menciona el congresista Pazo, es que el Estado Peruano ya probó objetivamente que estas embarcaciones no existían en su momento, que el proceso de formalización legalmente ya no existe, que los propios actores de la extracción pesquera artesanal, las plantas de procesamiento y exportación y los compradores internacionales que compran nuestros productos pesqueros, han manifestado formalmente su negativa a la iniciativa.

Cabe destacar que, hasta el momento, se han pronunciado en contra de este proyecto más de 40 agrupaciones de pesca artesanal de todo el litoral, los gremios industriales del país y hasta las principales compañías estadounidenses y europeas preocupadas por el impacto negativo que esta iniciativa podría generar en la imagen del Perú en los mercados mundiales que premian la legalidad y sostenibilidad como pilares de sus decisiones de compra.

El hecho de que los principales agentes dedicados a la actividad pesquera en el país, independientemente de que vengan de realidades antagónicas, estén todos en contra de esta iniciativa, solo significa que ésta afectará la economía y los medios de vida de todas las familias involucradas en la pesca para consumo humano directo del Perú. Por simple aritmética, no es posible incluir masivamente miles de embarcaciones más en el agua y esperar que ello no tenga efectos catastróficamente negativos en los ingresos de los pescadores artesanales y en la salud de nuestros recursos hidrobiológicos. La única forma de que esto no suceda es si antes se produjera la bíblica multiplicación de los peces (y los calamares). No dudo de la fe cristiana del congresista Pazo, pero estoy seguro de que no tiene poderes divinos. El mar, en términos sencillos, no es una fuente inagotable de riquezas.

Además de los gremios de pesca artesanal, de la industria, y de los compradores, también las organizaciones de la sociedad civil como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, WWF Perú y Oceana, que no siempre coinciden con el sector privado, han manifestado también que, de aprobarse una ley así, se correría el riesgo de incluir a barcos construidos ilegalmente en astilleros, corralones y garajes. Hasta la prestigiosa autoridad científica del Estado Peruano, el Instituto del Mar del Perú ha dejado claro, en un estudio del 2021, que los principales recursos de la pesca artesanal se encuentran plenamente explotados. Por lo tanto, no es posible incrementar la cantidad de embarcaciones autorizadas. Lamentablemente, lejos de escuchar al ente científico, a las organizaciones de la sociedad civil, al sector privado artesanal e industrial y a los mercados internacionales, el Ministerio de Producción aún no ha rechazado tajantemente este dañino proyecto de ley.

Espero que esta columna sirva como una invitación a la reflexión a los señores congresistas y a las autoridades del sector pesquero. La coincidencia de todas las partes apunta una conclusión clara: la entrada al mar de embarcaciones nuevas no es un camino viable ni positivo para la salud del mar peruano, ni de los actores que dependen de él.