Un pacto por la educación, por Ana de Mendoza

Luego de dos años del gran paréntesis en sus vidas que ha significado la pandemia, más de ocho millones de escolares vuelven a las aulas. Este retorno nos pone frente a la realidad de una escuela que no responde a las necesidades de la niñez y adolescencia ni a las de un país considerado de ingresos medios altos y que aspira a ser parte de la OCDE.

Si bien el Perú ha tenido importantes avances en cobertura escolar y empezaba a mejorar en logros de aprendizajes, si lo evaluamos en infraestructura, equipamiento o mobiliario escolar, desde hace varias décadas resulta reprobado. Por ejemplo, en un grupo de escuelas públicas priorizadas de una UGEL de Lima Metropolitana encontramos que se requieren más de 14.000 carpetas y de 230 pizarras para tener un equipamiento básico. No es difícil imaginar el panorama en zonas más alejadas.

La factura de estas deficiencias históricas la pagan los propios escolares y sus familias, pero también la sociedad, el Estado y el sector privado. Los primeros, porque luego de once años de escolaridad no están preparados para la educación superior ni han desarrollado competencias que les permitan incorporarse a un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo. Los segundos, porque no hay suficientes recursos humanos preparados para aportar al buen funcionamiento del Estado o las empresas. Igualmente afectada resulta la sociedad, que debe lidiar con los problemas sociales que se agudizan o generan en contextos de pobreza.

¿Qué hacer frente a ello? ¿Quién tiene esta responsabilidad? ¿Por dónde empezar? Estas son preguntas que todos nos hacemos. Si bien el principal responsable es el Estado, se trata de una tarea en la que, por principio ético y sentido estratégico, deben involucrarse el sector privado, la sociedad civil organizada, las iglesias y la cooperación internacional.

La participación del sector privado es clave para superar los déficits de infraestructura, mobiliario o equipamiento. También lo es para transferir metodologías innovadoras que, aplicadas a la educación, pueden ayudar a que se recuperen con mayor celeridad y entusiasmo los aprendizajes no adquiridos a tiempo o pausados por la pandemia.

Corresponde a la sociedad civil organizada hacer eco de las demandas de docentes, madres y padres de familia por una educación de calidad y en espacios seguros. En un mundo globalizado en el que el acceso a Internet, más que un lujo, es una necesidad básica, ya no hay espacio para escuelas sin conexión a la red ni es estratégico dejar a docentes y alumnos sin las ventajas que la era digital ofrece. Sin embargo, al 2021, en el Perú solo se disponía de una computadora por cada once estudiantes de primaria y seis de secundaria.

Es hora de un pacto por la educación que tenga como meta el 100% de escuelas debidamente construidas y equipadas, y un 100% de escolares recibiendo una educación propia del siglo XXI. Solo unidos, como hemos estado por el retorno seguro, podremos lograr que el 2022 sea el punto de partida para la nueva educación que niñas, niños y adolescentes merecen.