Oswaldo Zegarra

En julio del 2014 el Estado Peruano tomó una decisión histórica: recuperar su papel como garante de la educación superior universitaria, un papel al que había renunciado durante décadas, con lamentables resultados. Con la aprobación de la Ley 30220 comenzó el proceso que ahora conocemos como , una iniciativa de política pública en la que la creación de la es sin duda parte importante, pero de ningún modo la única. Igual de importantes son la rectoría del Ministerio de Educación, la revisión de los procesos de acreditación a cargo del Sineace, la creación de un sistema de información universitaria y, desde luego, los aportes de las mismas universidades, la academia y la sociedad civil. Todo esto debe contribuir a construir ese sistema de aseguramiento de calidad al que aspiramos.

Todas las reformas que van en serio enfrentan fuerte oposición, y esta no ha sido la excepción. Casi ocho años han pasado desde la aprobación de la , y durante todo ese tiempo la Sunedu ha tenido que dedicar buena parte de sus esfuerzos a contestar críticas, atender cuestionamientos de diversos sectores políticos y defender la legalidad de su existencia y de sus acciones en el ámbito judicial. Pocas entidades públicas han tenido que dar cuenta a tantas comisiones investigadoras aprobadas por el Congreso (hasta el momento van cuatro), la contraloría, la fiscalía y enfrentar tantos procesos judiciales como consecuencia de sus decisiones, en tan poco tiempo de existencia. Pocas dependencias estatales han sido sometidas a tanto escrutinio, y hasta ahora la Sunedu ha respondido todos los cuestionamientos y en ningún caso se ha demostrado alguna irregularidad que ponga en entredicho las decisiones tomadas.

En el camino, la Sunedu ha ganado legitimidad, gracias a su accionar transparente y al carácter técnico de todas sus decisiones. Los enemigos de la reforma han tomado nota de ello, y por eso han cambiado de estrategia: antes, cuestionaban la existencia de la superintendencia; ahora alegan que lo que buscan es “fortalecerla”. Y con esa coartada proponen una serie de cambios legislativos que tendrían como objetivo reforzar la autonomía de la Sunedu y protegerla de una supuesta injerencia política, cuando lo que realmente buscan es capturarla, recortarle facultades y convertirla en un órgano dependiente de las universidades y de otros espacios altamente politizados, como partidos políticos y colegios profesionales. De esta manera, buscan controlar al regulador y retomar las riendas del sistema universitario.

Aunque suene paradójico, las mismas personas que critican la manera en que se manejaban las universidades antes del 2014 cuestionan a la entidad que ha puesto orden en el sistema y ha obligado a las universidades a cumplir estándares mínimos de calidad para seguir funcionando. Con memoria selectiva, se olvidan de que el proceso de licenciamiento empezó con 143 universidades y cuatro escuelas de posgrado y actualmente son 93 universidades y dos escuelas de posgrado las que cuentan con licencia. Ignoran deliberadamente que las universidades se desistieron de cientos de programas académicos, locales y filiales para cumplir con los requisitos del licenciamiento institucional, y que ahora están bajo constante supervisión para asegurar que siguen cumpliendo las condiciones básicas de calidad. Ignoran o menosprecian los avances en investigación científica y el hecho de que ahora las universidades tengan más profesores a tiempo completo. Curiosamente, también cuestionan que la Sunedu imponga multas a las universidades. Aseguran que la superintendencia se comporta como la Gestapo, es decir, como la policía política de una dictadura asesina, cuando en realidad lo único que hace es cumplir lo que establece la ley, y supervisar que la cumplan, sin hacer distingo entre si son públicas o privadas, justamente lo que se espera de una entidad estatal.

Todo esto suena ilógico, pero no lo es. Responde a una estrategia de demolición, que busca desprestigiar a la Sunedu, justificar su captura y acabar con una de las pocas políticas de Estado que ha perdurado varios gobiernos, cuyo objetivo es lograr hacer reformas de verdad, las que se han emprendido en los últimos años en nuestro país. Debemos recordar que la Sunedu es un Organismo Público Técnico Especializado (OTE), que como todos los similares en el país están adscritas a un sector, en este caso al Ministerio de Educación, y de acuerdo a la Ley Universitaria cumple funciones que no realiza el Minedu, como es la autorización de funcionamiento a través del licenciamiento, la supervisión del mantenimiento de las condiciones básicas de calidad, fiscalización y ser la entidad responsable del registro de todos los grados y títulos que se expiden en el país. Labores que realiza con absoluta autonomía a través de un Consejo Directivo, elegido por concurso público de méritos.

Nos gustaría que la cuestión de cómo seguir mejorando la calidad de las universidades se plantee como una discusión alturada, basada en argumentos y evidencias sólidas, con participación de toda la comunidad universitaria. Lamentablemente, este no es el caso. De cualquier forma, esperamos que la sensatez se imponga y las iniciativas contrarreformistas finalmente no prosperen. Discutamos sobre cómo seguir avanzando, sin dejarnos engañar.

Oswaldo Zegarra Superintendente de la Sunedu

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