Versus: ¿Modificar la ley electoral convocadas las elecciones?

A FAVOR

Percy Medina (Jefe de Misión en el Perú de IDEA Internacional)

El mejor momento para aprobar reformas electorales es una vez culminada una elección, lejos de la siguiente, para que los cambios no estén teñidos del cálculo político inmediatista. Por ello, desde hace casi cinco años muchos hemos promovido la discusión de reformas políticas sustantivas, tanto sobre la regulación legal de los partidos como sobre el ámbito electoral. Sin embargo, el Congreso evitó entrar en este debate hasta que fue un clamor de la prensa e importantes líderes de opinión. Hoy el tema está en la agenda, hay reformas aprobadas que esperan promulgación y aún podrían aprobarse algunos cambios más.

Pero las elecciones generales ya fueron convocadas. ¿Puede variarse la legislación electoral cuando la convocatoria ya ha sido realizada? No hay ningún impedimento constitucional, aunque no es lo ideal. Un criterio importante para decidir qué se podría cambiar y qué no es la ponderación de si la reforma puede favorecer o no a algún candidato. Otro punto es si afecta aspectos del proceso ya iniciados. 

Esta discusión es relevante porque el 5 de noviembre el Congreso aprobó modificaciones a la regulación del financiamiento político que esperan aún ser promulgadas u observadas por el presidente de la República. ¿Deberían observarse por extemporáneas o postergarse? Esto estaría siendo planteado por algunos interesados en mantener las cosas como están. Es decir, mecanismos de supervisión y sanción insuficientes e ineficaces.

El paquete de normas aprobado, que no necesariamente es óptimo, representa un paso adelante respecto a lo que señala la ley de partidos. En un apretado resumen diríamos que se crean sanciones más drásticas a las faltas de transparencia, como suspender la inscripción partidaria, se prohíben los aportes de organizaciones vinculadas al crimen, se establecen reglas para controlar el financiamiento de las alianzas y se fijan topes más realistas para el financiamiento privado. Siendo insuficientes, las normas aprobadas tendrían un impacto positivo en la transparencia y control de las campañas y, a su vez, no generarían ventajas o desventajas entre los candidatos ni interferirían en procedimientos ya iniciados o programados por los partidos y los organismos electorales.

Pronto el presidente de la República decidirá si promulga u observa la ley y sería muy lamentable que este conjunto positivo de reformas regrese al Parlamento argumentando que una vez convocada una elección las modificaciones legales son antitécnicas. O que se señale que la norma debe aprobarse con vigencia a partir de las próximas elecciones. Ello dejaría a los organismos electorales con los mismos mecanismos de supervisión financiera que hasta hoy han permitido la opacidad que todos conocemos y que han motivado más de un escándalo mediático.

Entonces, no solo deberíamos apoyar que se promulguen estas reformas, sino que siga la discusión y aprobación de otras más. Cuidando, por supuesto, que se respeten los criterios de oportunidad e imparcialidad mencionados. Muy probablemente 80% de los actuales parlamentarios no estén en el próximo Congreso. Ojalá piensen en dejarnos en esta materia un legado que nos permita recordarlos con gratitud.

EN CONTRA

Mariano Cucho Espinoza [Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)]

El debate por la reforma electoral iniciado a principios de este año pretendía un cambio sustantivo de las normas electorales que permitiera ingresar a las elecciones generales 2016 con un marco legislativo que contribuyera a fortalecer a los partidos políticos, la transparencia de sus finanzas y la gobernabilidad democrática.

Sin embargo, la convocatoria a las elecciones generales, realizada la segunda semana de noviembre, parece haber trazado una línea imaginaria que ya ha definido cuáles son las reglas de juego con las que se realizarán estos comicios y que no podrían ser modificadas para su aplicación en este proceso electoral.

Si bien han existido avances en la aprobación de la agenda mínima de la reforma electoral propuesta por los organismos electorales, en temas como el fortalecimiento de la hoja de vida, la ley del escaño vacío, la creación de la ventanilla única de antecedentes de los candidatos, hay también asuntos cruciales que se han postergado.

Por ejemplo, la reforma para institucionalizar la democracia interna de los partidos. La iniciativa presentada por los organismos electorales planteaba que los comicios internos se realicen con la supervisión de los entes electorales y mediante un solo mecanismo, “un militante un voto”, para fomentar la participación de las bases partidarias, que muchas veces se ven relegadas de las decisiones del partido.

Así se apruebe esa reforma en lo que queda de esta legislatura ya no podrá ser aplicada para este proceso electoral y muchas elecciones internas seguirán evidenciando déficits en participación de las bases partidarias y otros problemas.

También nos referimos a la demora en la aprobación de un marco normativo más exigente respecto a la verificación y control de las finanzas partidarias, a efectos de promover la transparencia y desterrar el riesgo de infiltración de recursos de fuentes prohibidas o ilícitas. 

Si bien el Congreso aprobó una autógrafa sobre esa materia a inicios de este mes, la norma aún no ha sido promulgada. De no hacerlo, tendríamos los mismos problemas sobre el financiamiento de las campañas observados en elecciones pasadas.

En esa línea, la campaña para las elecciones 2016 era una oportunidad no solo para que los partidos participen en una contienda por el poder, sino también para avanzar progresivamente con el fin de revertir la enorme desconfianza ciudadana, que dificulta el fortalecimiento del régimen democrático. 

Según una encuesta de Ipsos Apoyo de setiembre, los partidos tenían una confianza de solo 12% frente a una desconfianza del 82%. 

Una forma de revertir esa desconfianza era, precisamente con una mayor transparencia sobre el origen de los fondos de campaña. Eliminando la penumbra que existe sobre la procedencia del dinero que alimentan las campañas electorales. Y también teniendo elecciones internas transparentes, inobjetables, con una amplia participación, y de las que emerjan candidatos con una trayectoria de vida y profesional impecable. 

Lamentablemente, aún es poco lo que se ha avanzado en ese objetivo.