¿Qué tiene claro el general?

“No lo tengo tan claro, pero en diferentes actividades judiciales no ha sido sentenciado con condenas que sean efectivas, entonces por ahí viene el tema de la no notificación a la policía” fueron las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, consultado por la situación del sentenciado y hasta hoy prófugo Vladimir Cerrón. Vaya confesión de parte que demuestra la poca vergüenza que se tiene para asumir errores y prever situaciones bajo la excusa de un aparente “desconocimiento”. Dicho en otras palabras: nos confiamos.

Por sus declaraciones, el general Angulo cree que el derecho se maneja por ‘default’ y, valgan verdades, no se le exige conocer de derecho ni entender de instancias y lo que eso implica. Pero toca explicarlo, estimado lector, para que usted entienda la gravedad de lo que ocurrió, sepa cuál es la responsabilidad del binomio policía-fiscalía y juzgue los hechos. Ya en febrero, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Junín había sentenciado a prisión efectiva por cuatro años a Vladimir Cerrón, pero su defensa apeló y procedimentalmente esto tenía que ser ratificado en segunda instancia.

En efecto, esto ocurrió el 6 de octubre, cuando los magistrados de esta sala ratificaron la responsabilidad penal del secretario de Perú Libre en el caso del aeródromo wanka y lo condenaron a tres años y seis meses de prisión efectiva. Entre febrero y octubre pasaron ocho meses y usted se preguntará: ¿nadie puso interés en asegurar que Cerrón, llegado el momento, sea capturado y se ponga a derecho? ¿Qué no se hizo para garantizar su detención? Vamos a contestar esto, no como el general Angulo, que se aferra a la demora en la notificación, no; vamos a ir hacia atrás en esos ocho meses que han sido tiempo perdido para solicitar diligencias y tener mínimamente una herramienta importante como la videovigilancia.

La negligencia es compartida. La fiscalía debió ingresar un requerimiento de videovigilancia para Cerrón desde febrero, cuando ya se conocía su sentencia en primera instancia, y que este monitoreo sea ejecutado por la policía; sin embargo, no se hizo ni de oficio por fiscalía ni por iniciativa policial. Incluso hubiera sido una gran oportunidad para corregir los errores y eliminar las sospechas que aún nos deja la desaparición del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, otro prófugo de la justicia que, paradójicamente, durante su gestión no descartaba la ejecución del aeródromo en mención. Cerrón ha hecho lo que tanto defendió con Silva: huir como estrategia para eludir y desde X (antes Twitter), su red social favorita, enrostrarle a la policía que una tortuga coja se les escapa.

Señor Angulo, espero que sí tenga bastante claro que lo que el país demanda es que las unidades de inteligencia policial estén operativas garantizando la ubicación de delincuentes y evitando fugas. ¿O necesitamos declarar en emergencia la falta de diligencia?