Acciones contra la informalidad

En 2015, Meghir, Narita y Robin publican un estudio en la prestigiosa revista “American Economic Review”. En él, describen un modelo específicamente para países latinoamericanos donde la informalidad y la formalidad subsisten y hay mucha movilidad entre ellos. Específicamente, analizan el caso de Brasil, con una tasa de informalidad de casi 40%. El modelo muestra cómo la falta de inspección laboral y los altos costos en la contratación incrementan las rentas de contratar de manera informal, generando rentas aprovechadas tanto por la empresa como por el trabajador, el cual, en particular, goza de mayor liquidez en el corto plazo, pero se encuentra desprotegido ante shocks de desempleo y no goza de pensiones. La principal conclusión a la que llegan es que, en un mercado laboral con dificultades para encontrar nuevos y mejores empleos, la informalidad tiene efectos muy dañinos sobre el mercado laboral. En particular, hace sumamente difícil para los trabajadores informales encontrar mejores trabajos en empresas con alta productividad y, por lo tanto, gozar de una mejor remuneración y protección social.

En el estudio se plantean algunas propuestas para la reducción de la informalidad vía el incremento de la inspección laboral en empresas grandes informales o, en nuestro caso, con énfasis en los bolsones sectoriales y geográficos en donde hay mucha informalidad. Lo que se muestra es que el incremento de la supervisión mejora la distribución de trabajadores en mejores empresas, los salarios se incrementan y se incrementa el bienestar en general y, lo más importante, no incrementa el desempleo. Asimismo, señalan que mayores ganancias en el bienestar de la sociedad se encuentran si es que se cuenta con un mercado laboral más flexible.

Esto es particularmente importante para el caso peruano, con un 70% de informalidad y 20 puntos por encima de lo que debería estar para el nivel de PBI per cápita que tenemos. Esto da cuenta que no solo es un problema de largo plazo en el que se debe buscar incrementar la productividad de los peruanos via mejoras en la calidad de los servicios de salud y de educación, con énfasis en la educación tecnológico y técnico-productiva. Los 20 puntos adicionales deberían retroceder a partir de las recomendaciones que se plantean en el estudio de Meghir, Narita y Robin.

¿Qué aprendemos del estudio para Perú? Tres lecciones a considerar. Primero, fortalecer la supervisión y fiscalización de la informalidad, enfocándose en aquellos sectores y bolsones que son evidentes: construcción, transporte, servicios. Sin duda, el sector agrícola es un caso particular. El objetivo en este caso es registrarlos, mejorar su productividad (Haku Wiñay a gran escala) y vincularlos con las cadenas de valor. Segundo, la protección social y, en particular, la protección contra el desempleo, la caída de ingresos (en el caso de los independientes) y las pensiones, deben estar desvinculadas de la relación laboral y empezar a financiarse con impuestos generales o a la renta. En este punto, dado que ya se cuenta con una base de todos los hogares del Perú construida a partir de los bonos, sería bueno empezar con la cultura de la declaración anual jurada de los ingresos por parte de todos, acompañada con revisiones aleatorias a lo largo de toda la distribución de ingresos. En el caso de la salud, esta ya es universal y el trabajo ahora es mejorar la calidad del servicio. Tercero, flexibilizar el mercado laboral, empezando por la flexibilización en la contratación, la implementación de la indemnización y la eliminación de la estabilidad laboral indefinida.

La reforma del mercado laboral no debe ser concebida con curitas o parches ya que eventualmente esas soluciones temporales terminarán por despegarse. Se necesita pensar en conjunto en la protección al trabajador y en la flexibilidad del mercado laboral. La discusión de un seguro de desempleo o de la reforma previsional deben estar pensadas como piezas de la reforma del mercado laboral. Hacerlo por separado es como comprar un neumático nuevo y dejar los otros tres viejos. El objetivo de la reforma es proteger al trabajador y construir un ambiente económico que permita mejorar la productividad tanto de las personas como de las empresas, es decir, que todos gocemos de las ganancias del crecimiento económico.