Ian Vásquez

El domingo, los mexicanos votarán por un presidente, diputados, senadores y por los gobernadores de varios estados importantes. Considerando el récord y los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido, las elecciones ponen en juego la supervivencia de la democracia mexicana.

Bajo el mando de AMLO, México se ha caracterizado por un aumento de la violencia y el debilitamiento de las instituciones políticas y de la sociedad civil. Según el economista Isaac Katz, lo de AMLO ha sido el “sexenio de la destrucción”.

Bajo el lema de “abrazos, no balazos”, la política de seguridad del presidente solo ha logrado extender y generalizar el crimen y la inseguridad. Ha habido más de 180.000 homicidios durante su sexenio, un récord en tiempos modernos, sin contar los 43.000 desaparecidos durante el mismo período.

Un tercio del país está controlado por los cárteles del narcotráfico. El crimen organizado ahora va más allá de la droga e incluye todo tipo de delincuencia, el tráfico de personas y la extorsión de negocios pequeños y grandes alrededor de México.

Por eso, es más importante que nunca para la delincuencia mantener el control político en donde se ha instalado. En esta campaña ya se han asesinado a 34 candidatos a puestos públicos. Durante el sexenio, ha habido 836 ataques a empleados gubernamentales, candidatos y otros individuos activos en la política.

Igual de alarmante ha sido el ataque de AMLO a las instituciones del país, debilitando así los contrapesos necesarios en cualquier democracia. Por ejemplo, el presidente ha acusado al Instituto Nacional Electoral (INE), una respetada agencia independiente del Estado, de fraude, y ha intentado quitarle la autonomía, proponiendo que pase al control del Ejecutivo. En otra ocasión, intentó reducir el presupuesto, personal y autoridad del INE.

Además, AMLO ha militarizado al país. Más allá de la seguridad, les ha dado a las Fuerzas Armadas mexicanas un papel central en el manejo y la construcción de varios proyectos, como aeropuertos y aduanas. Y, tal y como han documentado organizaciones independientes, el gobierno de AMLO amenaza la libertad de prensa.

Los mexicanos, por lo tanto, pueden elegir entre dos opciones muy distintas. Por un lado, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, del partido oficialista, que se encuentra todavía más a la izquierda de AMLO y promete promover su agenda centralizadora. Y, por el otro, Xóchitl Gálvez, que promete proteger el pluralismo político y la institucionalidad democrática.

Las encuestas muestran que Sheinbaum lleva la ventaja. AMLO, mientras tanto, está prometiendo su plan C, que se trata de un tercer intento de implementar reformas constitucionales y legales antes de irse. Estas incluyen reformas constitucionales que politizarían a la Corte Suprema y al INE mediante la elección por voto popular de los miembros de esas instituciones.

La idea sería que el nuevo Congreso introduzca estas reformas cuando llegue a principios de setiembre y antes de la salida de AMLO el 1 de octubre. Aun si el partido de AMLO no logra las mayorías necesarias, no deberíamos descartar la posibilidad de que los miembros de otros partidos se suban a ese tren.

Las reformas constitucionales propuestas por AMLO representan una amenaza a la libertad. Tal y como observó Katz: “De ser aprobadas, implicarán la desaparición de la división de poderes al tener un poder ejecutivo todopoderoso en control de facto de los poderes legislativo y judicial, la desaparición de organismos autónomos y la destrucción de la democracia liberal; México pasaría a tener un sistema abiertamente autocrático, un sistema cuasi dictatorial”.

Bajo cualquier escenario, reelegir al partido de AMLO significa que la libertad en México continuará en declive.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Ian Vásquez Instituto Cato