Los próximos 100 días

Dina Boluarte acaba de cumplir 100 días en el gobierno y, si quiere llegar a cumplir los 200 días, necesita que la atención del Estado a la tragedia generada por el ciclón Yaku sea efectiva y que permita romper este ciclo interminable de reconstrucción y destrucción en el que viven las áreas del país vulnerables a las lluvias.

Hasta el momento, los principales anuncios han sido la entrega de un bono mensual de S/500 a los que han perdido su vivienda y la reingeniería de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) a fin de reemplazarla por la Autoridad Nacional de Infraestructura.

En esta última propuesta, es evidente la intención de concentrar en una sola entidad todas las incapacidades del Estado Peruano para realizar obras de infraestructura y crear la expectativa de que cambiarla permitirá, ahora sí, que las cosas se hagan de manera correcta y que seamos un país más resiliente frente a los desastres naturales.

Pero la realidad es que los errores han sido múltiples y resolverlos va a tomar algo más que cambiar de nombre y de foco a la ARCC.

Para empezar, la reingeniería no va a resolver la incapacidad que han mostrado los gobiernos de Pedro Castillo y de Dina Boluarte de prestar atención a los informes que advertían sobre la posibilidad de que suceda lo que estamos viviendo hoy y tomar acciones inmediatas para estar algo más preparados.

En segundo lugar, hasta el momento no se ha explicitado que esta nueva entidad va a poner énfasis en la planificación para evitar repetir uno de los errores en el diseño de la ARCC: no se puede pensar en la reconstrucción de infraestructura sin primero realizar las labores de prevención que aseguren que lo reconstruido no se vuelva a destruir.

Lo que sí se ha dejado claro es que la Autoridad Nacional de Infraestructura va a priorizar las labores de prevención como el manejo de cuencas, descolmatación de los ríos y sistemas de drenaje. Esto es positivo, pero cabe preguntarse si este cambio de entidad podría, más bien, generar retrasos en los esfuerzos en materia de prevención que ya había empezado la ARCC.

Y otra duda es si es conveniente ampliar el foco de la ARCC –concentrada en 13 regiones– para que la Autoridad Nacional de Infraestructura tenga un alcance nacional. Esto podría generar el riesgo de que se diluyan los esfuerzos y se complique la ejecución de proyectos, especialmente si tomamos en cuenta la incapacidad de los gobiernos regionales y locales para ejecutar obras.

En este proceso lo importante va a ser que el diseño de esta nueva entidad se realice luego de hacer una evaluación justa y exacta sobre cuáles fueron los problemas de la ARCC, de manera que los cambios efectivamente aseguren que no se vuelvan a cometer errores, pero también se evite que se desperdicien los esfuerzos hechos hasta el momento. Lo peor que podría suceder es que se sobredimensione el impacto que esta reingeniería podría tener y que el próximo desastre climático nos coja, una vez más, desprevenidos.