Bata blanca, no elefantes blancos; por Janice Seinfeld

Cien días después de iniciado el estado de emergencia, un primer grupo de clínicas privadas acordaron que pondrían sus recursos a disposición del ciudadano. Estamos hablando de 50 camas en unidades de cuidados intensivos de todo el país, por las que el Estado pagará S/55 mil de tarifa plana por paciente COVID-19 referido por Essalud y el SIS, hasta noviembre de este año.

Viendo un poco más allá de este episodio concreto, el tema de fondo es que existe muy poca transparencia en los costos que aplican los privados –sobre todo en los sobrecostos que trasladan a las medicinas–, y el Estado demora una eternidad en pagar los montos a los que se compromete. ¿Cómo construir una relación de confianza cuando ninguna de las partes se fía de la otra?

Además de sincerar sus operaciones, lo que en definitiva debe cambiar es la forma en la que se entrega el servicio de salud. Este acuerdo COVID-19 con clínicas privadas tendría que ser aprovechado como primer paso para virar el enfoque hacia ese esquema. El modelo público tradicional de cierre de brechas de infraestructura, construyendo hospitales sin garantizar su adecuada operación, no funciona. No solo por la inexcusable demora en terminarlos –el Hospital Lorena del Cusco empezó la preinversión en diciembre del 2007 y hoy es una obra inconclusa, al igual que el Nuevo Hospital de Andahuaylas–, sino porque no garantizan un nivel de servicio adecuado, ni atención oportuna y de calidad.

De hecho, el 77,8% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención tiene inadecuada capacidad instalada. Según el “Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios en el sector salud” (Minsa, 2020), alcanzar niveles de acceso básico de infraestructura en salud demandará S/27.545 millones en los próximos cinco años. Lograrlo al ritmo de ejecución actual será imposible. Y esperar una buena atención sin un cambio en el modelo de gestión será un sueño inalcanzable.

Teniendo ya el reglamento de redes integradas de salud, que busca reforzar el primer nivel de atención y mejorar la eficiencia de la oferta, toca migrar del paradigma de brecha de ladrillos y cemento a uno donde el foco esté en la operación, en brindar buenos servicios. Incluso el acuerdo gobierno a gobierno anunciado con el Reino Unido implica construir hospitales. Sin duda serán ejecuciones más rápidas y transparentes, pero nada se dice respecto del funcionamiento y la operación de los futuros establecimientos. Ahí está el desafío.

Para aplicar un esquema de compra de servicios, el Estado debe priorizar brechas y establecer los parámetros a exigir. Y es el privado quien provee el servicio requerido con la tecnología, personal e infraestructura que determine, cumpliendo con los estándares regulatorios y de calidad fijados.

Varias ventajas a destacar de este enfoque: Primero, mejora la calidad del servicio que recibe el paciente. Segundo, traslada un mayor riesgo al privado: si el número de prestaciones es mayor al esperado, el privado asume el costo; si es menor al esperado, el privado tiene un ahorro. Tercero, reduce oportunidades de corrupción porque ya no se contrata megaproyectos de infraestructura, sino se paga por servicios, donde hay menores incentivos para el sobredimensionamiento. Cuarto, los trámites son asumidos por el privado, con lo que la gestión es más eficiente.

No necesitamos más elefantes blancos, sino servicio de bata blanca. Y este no es otra cosa que el Estado velando por una atención integral, oportuna y de calidad para sus ciudadanos, en todos los niveles asistenciales priorizados.