La última rabieta de ‘Los Niños’

Si hay alguien a quien tienen que reclamarle por la ‘chapa’ es a Pedro Castillo. Fue él quien les puso el apodo con el que hoy se les conoce. De ninguna manera se trataba de un apelativo cariñoso. No eran para nada inocentes ni tenían precisamente un aspecto juvenil. Lo que pasa es que el ideal de todo profesor de escuela –y Castillo lo era, aunque haya pasado más tiempo organizando huelgas que dictando clases– es que los niños sean siempre obedientes y hagan caso a sus indicaciones. Y todo indica que estos eran unos ‘Niños’ que acataban lo que les pedía su maestro.

Como premio a su disciplina, el profesor dejó que sus alumnos hicieran y deshicieran en ministerios y entidades del Estado. Con la venia presidencial, sus pupilos recomendaban a amigos y allegados en cargos públicos y, según la tesis fiscal, negociaban obras a cambio de sus votos.

Hoy, el maestro está preso por golpista y corrupto, y sus ‘Niños’ están investigados por tráfico de influencias y organización criminal. Ya no gozan de las gollerías que les proporcionaba su cercanía a Palacio, pero siguen disfrutando del blindaje e impunidad que les da su condición de congresistas y los votos cómplices de colegas tan cuestionados como ellos.

Muchas veces las iniciativas legislativas tienen más de revancha que de proyecto o, en el caso de ‘Los Niños’, más de berrinche que de propuesta. Su última rabieta ha sido plasmada en el proyecto de ley 4926-2022. El autor del texto es el acciopopulista Jorge Flores Ancachi y tiene las firmas de sus colegas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Luis Aragón y otros. Todos ellos son investigados por pertenecer al supuesto brazo congresal con el que Castillo manejaba el Parlamento a su antojo.

Lo que plantean en el documento es que sea el Congreso la entidad encargada de elegir al procurador general del Estado y que sea también la que lo remueva por falta grave. En otras palabras, quieren que el mismo Parlamento que sin pudor alguno colocó a Josué Gutiérrez al frente de la Defensoría del Pueblo tenga ahora la misión de elegir al responsable de la defensa jurídica del Estado. Con ese antecedente y esos criterios de selección, todo hace augurar que el resultado de ese proceso, si pasara a manos del Legislativo, sería tan o más desastroso que el que tuvimos la semana pasada.

Es cierto que el mecanismo actual no es nada óptimo y que debe implementarse un sistema de elección que asegure la idoneidad del funcionario que ocupará el cargo. Prueba de ello son los dos procuradores generales que nombró Castillo, a los que se les recuerda más por sus silencios y sus escándalos que por su labor al frente de la entidad. No obstante, encargarle la elección al Congreso no es tampoco una mejor salida.

Pero el proyecto de ‘Los Niños’ va más allá. También plantea que el actual procurador general del Estado, Daniel Soria, deje el cargo una vez que nuestros siempre sensatos congresistas elijan a su seguramente probo e inmaculado candidato. Ello, pese a que su período está previsto hasta el 2025.

Como se recuerda, Soria fue quien presentó la primera denuncia penal contra Pedro Castillo por tráfico de influencias por el Caso Puente Tarata. Sospechosamente, ‘Los Niños’ que apañaron a su querido profesor ahora buscan tumbarse al funcionario que lo acusó. Soria también ha denunciado a varios congresistas señalados como ‘mochasueldos’.

La cultura del blindaje congresal permite que parlamentarios imputados por delitos tan graves sigan atornillados a sus escaños por quién sabe cuánto tiempo. Lamentablemente, mientras haya investigados que deciden el destino de sus coinvestigados, tendremos ‘Niños’ para rato.