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Conforme las demandas de justicia y seguridad aumentan en el país, los jueces y fiscales intachables empiezan a contarse con los dedos de la mano. La desaprobación del Poder Judicial y del Ministerio Público es tan baja que los valores de la honestidad y la eficiencia podrían borrarse por completo en ambas instituciones.
La incompetencia y la venalidad se han extendido peligrosamente en los altos cargos de la administración de justicia, tanto allí donde se materializa la investigación penal como allí donde los tribunales determinan la suerte de procesos y procesados.
El ecuación debería ser inversa: a mayor inseguridad y criminalidad, mayor la fortaleza de jueces y fiscales.
De pronto, a una ejemplar fiscal como Marita Barreto, de reconocido papel en la captura de Rodolfo Orellana, no le sirve de nada poner a salvo sus principios éticos, morales y profesionales. Sobrevienen contra ella amenazas a su seguridad desde la organización mafiosa afectada y, para colmo, sabotajes a su trabajo desde dentro de su institución, con filtraciones de información que más temprano que tarde pueden alterar y viciar la investigación del caso Orellana.
El fiscal antidrogas Juan Mendoza Abarca también temería por su vida a manos de sicarios contratados para asesinarlo.
El hecho de que una docena de jueces y un número similar de fiscales estén involucrados en el caso Orellana, formando parte de una increíble red de impunidad, refleja hasta qué punto la investigación penal y la administración de justicia suelen caer en la boca del lobo de la criminalidad.
Sin embargo hay una boca del lobo de mayor magnitud y que no es otra que la descuidada e inepta instancia de la que salen a ocupar sus puestos fiscales y jueces, todos bendecidos por un Consejo Nacional de la Magistratura que no ha hecho mérito alguno para mejorar sus procedimientos de evaluación, selección, nombramiento y ratificación. Inclusive sus prerrogativas de sanción demuestran estar demasiado reblandecidas.
Como todos y cada uno de los integrantes del CNM, más que gozar de una competencia neta y de una probada confianza pública, representan, por nombramiento automático, a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las rectorías de las universidades y hasta los colegios profesionales (con una enfermera como miembro de número, por ejemplo), la imagen de la institución se disuelve entre lo anodino, lo pedestre y lo decepcionante.
Esto último porque el CNM se ha convertido en un callejón sin salida: no hay manera de cambiar su estructura sino por reforma constitucional; no hay manera de mejorar su calidad porque la mecánica de nombramiento de sus miembros sería la misma y porque se ha entronizado a su interior un modelo de subsistencia institucional que le hace un profundo daño al Poder Judicial y a la Fiscalía, pero sin remedio que pueda evitarlo.
En esta boca del lobo se facilitó el nombramiento del Fiscal Carlos Ramos Heredia, al que irónicamente el CNM buscaría ahora sacarlo del cargo, en un arrebato desesperado por limpiar su dañada imagen.
