Una bomba de efecto retardado, por Alfredo Torres

La investigación de Univisión y América Televisión que difundió el programa “Cuarto poder” el domingo pasado puede ser una bomba de efecto retardado para el fujimorismo. Como se sabe, la investigación revela que el secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, es investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. La denuncia incluyó una referencia del informante de la DEA Jesús Vásquez, a que Ramírez le habría dicho que Keiko Fujimori le habría dado 15 millones de dólares para lavarlos.  

La bomba generó una comprensible reacción indignada por parte de Keiko Fujimori y una respuesta muy bien estructurada por parte de su candidato a la vicepresidencia, José Chlimper, quien consiguió que la DEA declarase que la candidata de Fuerza Popular no estaba bajo investigación. Con esta declaración logró desactivar la insinuación más grave con la misma estrategia de llevar las cosas al extremo con que la defensa de Alberto Fujimori sustentó hábilmente en los noventa que él había nacido en el Perú. Pero, así como entonces el tema de fondo de la investigación periodística no era su lugar de nacimiento sino la nacionalidad japonesa del presidente –que se confirmó después cuando fue candidato al senado japonés– el tema ahora no es la investigación sobre Keiko sino sobre Joaquín Ramírez.

A su vez, Ramírez también ha intentado controlar el daño que la noticia tiene sobre su reputación, aduciendo que ha sido maltratado por ser un “cholo con plata” y dando luego un impreciso paso al costado como un acto de calculado desprendimiento, pero la situación en su caso es bastante más complicada. La denuncia periodística sobre la investigación de la DEA no hace sino poner los reflectores sobre su sorprendente éxito empresarial y el de su familia. Tan notable es su salto de cobrador de combi a acaudalado propietario de numerosas empresas e inmuebles como el de su tío, Fidel Ramírez, un ex suboficial del Ejército, hoy propietario de una universidad con más de 25 filiales y una aerolínea, entre otros boyantes negocios.

La denuncia periodística contra Joaquín Ramírez no es sorpresiva. Ya en el 2014 la ex procuradora Julia Príncipe denunció al congresista cajamarquino por el presunto delito de lavado de activos y en el 2015 la fiscal Rosana Villar pidió –sin éxito– a la Sala Penal Nacional que le levantaran la inmunidad parlamentaria. Lo verdaderamente sorprendente es que el secretario general del principal partido del país haya pasado todo este tiempo en cuidadoso perfil bajo y que la presidenta del partido lo haya defendido siempre a capa y espada. Ahora se sabe que su defensa puede haberse debido a que el próspero Ramírez es un generoso colaborador del partido, lo que incluye el préstamo de la sede central de Fuerza Popular, donde despacha Keiko, y el vehículo que la lideresa emplea regularmente.

El impacto de una información como esta en la opinión pública suele tener un efecto retardado. Al haberse revelado esta información cerca de las elecciones, la mayoría de los fujimoristas probablemente la ven como un psicosocial, una campaña de desprestigio. Para la mayoría de los antifujimoristas, por el contrario, la noticia no hace sino reforzar su desconfianza hacia la hija de Alberto Fujimori. Entre ambos extremos, es probable que los indecisos –muchos de los cuales suelen estar poco informados y les interesa poco la política– permanezcan confundidos.

Está claro que la historia no ha terminado. Ya la prensa peruana ha empezado a hurgar en la fortuna del clan Ramírez y es probable que la fiscalía amplíe su investigación por lavado de activos. No sabemos aún si habrá algún otro destape antes de las elecciones o si, a manera de contraataque, se dispare alguna denuncia contra el candidato rival o alguno de sus allegados. Las denuncias pueden ser demoledoras si son muy sólidas o pueden tener un impacto inverso si la población percibe que son débiles o sospecha que son fraguadas. En ambos casos, la habilidad del denunciado para controlar el daño puede marcar la diferencia. Por lo tanto, el efecto sobre el resultado electoral es incierto. 

Pero con el tiempo, la verdad se abre paso, casi siempre. El reportaje sobre el secretario general de Fuerza Popular lo condujo Gerardo Reyes, un ganador del Pulitzer. Es muy improbable que un periodista de investigación de su talla no haya contado con información ‘off the record’ de la DEA en respaldo de las declaraciones ‘on the record’ que vimos el pasado domingo. Y esto es algo que Keiko Fujimori y José Chlimper deberían evaluar con sumo cuidado.