Cómplices, no víctimas, por Hugo Guerra

Faltan solo 12 días para que concluya una de las contiendas políticas más sucias e indignantes de la historia municipal peruana. Y es que, al margen de quien gane en los 1.845 distritos, 195 provincias y 25 regiones que componen nuestra república, los 30’475.000 peruanos tendremos nuevas autoridades que, en su enorme mayoría, no serán sino advenedizos dispuestos a lucrar con el dinero de los ciudadanos y levantarse en peso cuanto recurso estatal les sea factible. 

¿Suena duro? Pues solo por respeto a la solemnidad de una sección editorial como esta prefiero inhibirme de aquellos calificativos que la gente común y corriente sí usa en la calle.

Veamos algunas razones de la indignación: ante todo, ¿cuánto puede valer una campaña para ser alcalde? Según cálculos diversos, pero fiables, para Lima Metropolitana unos 4 o 5 millones de dólares. Para un distrito de clase media alta, unos 200 mil dólares; para un distrito principal del interior del país (si no tiene canon) entre 80 mil y 100 mil dólares y así sucesivamente. Y la ‘inversión’ para una presidencia regional es multimillonaria, sino pregúntenle al de Áncash, quien sigue preso, lo mismo que el de Cajamarca. 

¿Quién financia a los candidatos? Pese a que la ley electoral lo exige, la ONPE sostiene que hasta agosto último solo 13 partidos declararon sus gastos de campaña, y de estos, 9 sostuvieron no haber recibido financiamiento. Es decir, una tomadura de pelo general.

¿Y para qué tanto afán? Según el JNE, en el país hay unas 14.171 listas de candidatos, con un número total de postulantes de 116.252 personas para los cargos edilicios y regionales... ¿Postulan solo con la esperanza de ganar sueldos que van de 1.400 a 14.600 soles mensuales? ¿O será para administrar a su gusto y con poquísimo control más del 60% del presupuesto total del país?

Después cabe preguntarse: ¿quiénes postulan? Pues pocos vinculados a la institucionalidad partidaria: 50,80% de las listas de candidatos son movimientos regionales; 42,26%, partidos políticos (si puede llamárseles así); 4,44%, alianzas ocasionales; 1,36%, organizaciones locales provinciales; y 1,14%, organizaciones locales distritales. En el caso del Vraem (donde campea el narcoterrorismo), prácticamente no están presentes los partidos, sino grupos muy vinculados a la mafia de la droga.

Sobre las regulaciones, el abuso del derecho es increíble: los 91 jurados electorales especiales han recibido más de 4.000 casos (desde tachas, observaciones, exclusiones, etc.). En cambio, ¿cuántos candidatos realmente han presentado programas y planes concretos?

En gran medida, las campañas son solo diatribas, insultos, publicidad chusca y torpe (como recurrir a cómicos y ‘vedettes’ para llamar la atención), pero hasta hoy hay enorme dificultad para el elector al identificar en cédulas mal concebidas entre el símbolo partidario y el candidato por quien votará.

La lista de atingencias es mayor y, aunque se puede entender que una democracia frágil como la nuestra tenga muchas deficiencias, la verdad es que, reitero, estos comicios son de lo peor: apenas un ejercicio de votación que muy probablemente entregará el país a manos de muchísimos ineptos. Luego no nos quejemos: quien elige mal no es víctima, sino cómplice del desastre.