Con las manos en la coima

Con la resignación propia de quien se siente irremediablemente atrapado, el fiscal Henry Amenábar retiró del bolsillo de su saco el fajo de billetes y lo colocó en el lavabo del baño del centro comercial. Tres mil dólares en efectivo eran la prueba irrefutable de su culpabilidad. La policía lo detuvo in fraganti, tras cobrar una coima a un investigado a cambio de archivar su caso.

Amenábar pertenecía a la segunda fiscalía penal de Miraflores, Surquillo y San Borja. Pero anteriormente había formado parte del equipo especial Lava Jato y participó en el operativo de detención preliminar contra Alan García, durante el cual el expresidente se quitó la vida. Es decir, era un magistrado que aparentemente luchaba contra la corrupción cuando en realidad estaba contaminado por ella.

El funcionario cayó porque su víctima, a quien inicialmente le había pedido 20.000 dólares, lo denunció. Si esto no hubiera ocurrido, Amenábar seguiría despachando con impunidad en una fiscalía, investigando delitos mientras él era partícipe de uno.

No sabemos si era la primera vez que solicitaba un soborno a uno de sus investigados. Las autoridades deben indagar si esta era una práctica habitual. Pero su caso no es un hecho aislado. En lo que va del año, siete fiscales han sido detenidos por la policía, ya sea por recibir coimas o por estar involucrados en otros presuntos hechos delictivos.

La crisis en el Ministerio Público es real y la necesidad de una reforma integral es imperiosa. Con fiscales corruptibles a cargo de la persecución del delito, la imagen de la institución corre el riesgo de colapsar.

Las vergonzosas guerras por el poder y la politización que han caracterizado en los últimos años al Ministerio Público deben llegar a su fin. Deben ponerse a trabajar en su verdadero objetivo. La ciudadanía que sufre los embates de la delincuencia lo requiere. Queremos ver a fiscales encabezando operativos contra el crimen, no siendo llevados enmarrocados a una carceleta.