Con licencia denegada, por Fernando Tuesta

PARA SUSCRIPTORES: Exprópiese (un ratito), por María Alejandra Campos

En concreto, estos proyectos de ley representan una respuesta al proceso de licenciamiento que ha tocado intereses privados y cuotas de poder públicos. Este, llevado adelante por la Sunedu, ha permitido, hasta ahora, que estén licenciadas 94 universidades, 46 públicas y 48 privadas, mientras que 46 han sido denegadas. Licenciamiento no es otra cosa que exigir condiciones básicas de calidad, lo mínimo para que una universidad pueda prestar el servicio que ofrece. Estas corrientes nocivas que han estado en varios congresos las tenemos de vuelta en el presente y expresan, sobre todo, los intereses de las universidades no licenciadas, incapaces de demostrar condiciones mínimas de calidad y, por el contrario, expertas en desarrollar grandes ganancias con malos servicios para estudiantes que son vilmente engañados. Con estos proyectos se quiere impedir que la Sunedu concluya el proceso de licenciamiento institucional, estimule un crecimiento ordenado de la oferta educativa y, en general, consolide los avances en la reforma universitaria.

Eso se observó claramente con un proyecto de ley que pretendía crear una instancia revisora de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la Sunedu, denominada Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau) que dentro de sus integrantes tendría a rectores y a un congresista, es decir una Asamblea Nacional de Rectores camuflada. Ante el rechazo público, el proyecto fue retirado, pero días después la Comisión de Educación presentó un nuevo dictamen en el que se buscaba que el Estado reorganice a las universidades privadas con licencia denegada y que estas puedan presentarse al proceso de licenciamiento sin cumplir sus obligaciones de cese reguladas por la Sunedu.

En paralelo, desde el Congreso y desde un grupo pequeño de medios de comunicación y páginas de redes sociales, que no consignan responsable alguno, se han venido orquestando una serie de ataques contra la Sunedu y contra el ministro de Educación. El año pasado se dieron también, luego de que se denegaron grandes universidades ligadas a personajes con poder político. Queda claro que el objetivo de estos ataques es poner en entredicho el carácter técnico de las decisiones que ha tomado la Sunedu, con la finalidad de minar su legitimidad y tener base para introducir cambios en la ley universitaria que favorezcan a los grupos de poder vinculados a universidades que no obtuvieron licencia.

En la Comisión de Educación también se ha pretendido que el Estado se ocupe de las universidades denegadas. Esto implicaría que el Estado intervenga en negocios privados y destine recursos de los contribuyentes para “salvar” universidades que durante años han tenido enormes retornos para sus propietarios, sin que esas ganancias sirvan para brindar a sus estudiantes un mínimo de calidad.

La mecánica para defender intereses privados es la de integrar la Comisión de Educación del Congreso, donde se presentan o apoyan proyectos de ley contra la reforma educativa y la Sunedu. Por eso, no llama la atención que allí estén presentes cuatro congresistas que provienen de universidades que no obtuvieron licencia, tres provengan de Ica, donde la universidad ha sido denegada y se manifiesten vínculos con universidades como Telesup, Alas Peruanas, Universidad de Chiclayo, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez.

A través del avance del proceso de licenciamiento, el Estado le está asegurando a la ciudadanía más opciones de universidades que cumplen con estándares esenciales de calidad a lo largo de todo el territorio nacional. Así, jóvenes peruanos de la capital como de las diferentes regiones del país accederán a universidades que ofrecen al menos las mismas oportunidades básicas de calidad. Esto no se debe detener.