Cuando la opinión ciudadana no importa

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer una propuesta para modificar el artículo 117 de la Constitución, que se refiere a las causales para declarar la vacancia del cargo de presidente. Estas reformas no podrán entrar en vigor hasta que sean aprobadas por mayoría calificada (87 votos) en dos legislaturas consecutivas o en una votación y un referéndum.

Las propuestas pueden parecer positivas, pues de ser aprobadas definitivamente se incluirían en la Constitución como causales de vacancia del cargo de presidente el involucramiento en delitos de corrupción y la incapacidad mental. Esto último era algo que, desde el 2016 y con los múltiples intentos de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, se advertía que debía introducirse para reemplazar la frase “incapacidad moral”, pues es una fórmula antigua que se refiere, precisamente, a la incapacidad mental.

Pero ¿es suficiente que una propuesta de reforma pueda ser considerada positiva? Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), nueve de cada diez peruanos desaprueban la gestión del Parlamento y siete de cada diez opinan que debería haber nuevas elecciones generales este año (es decir, de presidente, vicepresidentes y congresistas). Similares niveles de desaprobación tiene la señora Dina Boluarte, pues según el mismo sondeo ocho de cada diez peruanos rechazan su gestión, y siete de cada diez opinan que debería renunciar al cargo de presidenta.

A estos datos debemos añadir que las protestas en todo el país llevan casi ocho semanas consecutivas, que cada vez más ciudadanos y colectivos se suman a estas, y que tenemos más de 60 personas fallecidas, cientos de detenciones arbitrarias, más de mil personas heridas y que la mayoría de estos hechos involucran excesos en el uso de la fuerza por parte de la policía y el ejército.

Sin embargo, el Congreso ha rechazado todas las propuestas de adelanto de elecciones presentadas, con el argumento de que primero deben aprobarse reformas políticas que interrumpan el ciclo vicioso de crisis en el que nos encontramos. Por su lado, la señora Boluarte ha negado que vaya a renunciar a la Presidencia de la República. Para poner sal en la herida, la policía ha incrementado el uso de la fuerza para reprimir las protestas, sin que hasta la fecha se hayan determinado responsabilidades políticas ni legales por las muertes, las lesiones o las detenciones arbitrarias.

Las propuestas de reforma aprobadas ayer por el Congreso parecen positivas a primera vista, pero tienen algunas deficiencias de técnica normativa (por ejemplo, no se elimina la frase “incapacidad moral”, que ha sido interpretada de manera arbitraria y antojadiza por las mayorías parlamentarias de los últimos años para destituir presidentes). Pero, además de ello, esta y las propuestas de reforma que se aprueben en los días que viene carecerían de un elemento sumamente importante en cualquier democracia: la legitimidad.

El rechazo a los actuales Ejecutivo y Legislativo es consistente en todos los rangos etarios, estratos socioeconómicos y en todas las regiones, según la encuesta del IEP. Como ya se anotó, la mayoría de los peruanos quiere que Boluarte renuncie al cargo y que se convoquen elecciones generales este año.

Y en este punto, el derecho se vuelve insuficiente. Aunque las propuestas de reforma sean debatidas y aprobadas siguiendo las reglas vigentes, y se incremente la calidad técnica de los proyectos de ley o de los debates, lo cierto es que la crisis que vivimos actualmente necesita resolverse con herramientas políticas, no únicamente jurídicas. Aunque las universidades han hecho creer lo contrario a sus estudiantes, el derecho no puede, ni debe, intentar resolverlo todo.