¿Qué TC queremos?, por Eduardo Dargent

El Congreso amenaza con elegir seis magistrados del Tribunal Constitucional antes de irse. Para ello, quieren continuar con un proceso iniciado hace meses que no ha logrado atraer candidaturas de peso y, más bien, anuncia nombres bastante cuestionados. Considero que llevar adelante la elección sería un gravísimo error y nos dejaría un legado complicado. El tribunal será clave en el próximo quinquenio en temas económicos y, especialmente, de control político.

Hemos aprendido en estos meses que el tribunal defiende a la caja fiscal de los peores impulsos derrochadores del Congreso. Con un Ejecutivo debilitado, sin bancadas que moderen el uso de recursos, solo el tribunal limita estos exabruptos. Los actuales magistrados, usualmente divididos en otros asuntos, han votado en estos temas en bloque, pues su inconstitucionalidad es evidente. Nada hace pensar que esos esfuerzos de gasto amainarán en los próximos cinco años. Más bien, pueden arreciar.

Además, el quinquenio nos deja terribles legados sobre el uso de una serie de instituciones de control político que regulan las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En vez de precisar lo que eran reglas muy abiertas para garantizar una convivencia más razonable, los políticos las han interpretado de acuerdo a su interés calato. Vacar a un presidente es ahora casi como censurar a un ministro, solo se necesitan más votos. La cuestión de confianza es un arma antes que un mecanismo de defensa frente a un Congreso abusivo. Las sentencias del tribunal distan de poner límites claros a todas estas figuras y, si bien se señalan algunos, nada asegura que se respeten sus lineamientos. Serán necesarios nuevos fallos.

Resolver sobre estos artículos constitucionales demanda un tribunal capaz de realizar una interpretación basada en principios constitucionales, que haga estos mecanismos razonables y coherentes entre sí. En manos del Congreso y el Ejecutivo son armas arrojadizas, flexibles para lograr lo que desea el intérprete.

Hoy, que hay una fuerte polarización política y estamos frente a actores con cuestionamientos democráticos, la urgencia de un árbitro legítimo, técnico y autónomo es todavía mayor. La “interpretación” de Vladimir Cerrón sobre cómo reformar la Constitución o las ideas del congresista electo Cueto sobre quién puede y quién no puede participar en las elecciones, indican que el pensamiento autoritario estará muy presente estos años. Y la polarización lleva a que sea más difícil lograr moderación y control; invita a que se incremente la guerra. Solo un árbitro poderoso que limite excesos de lado y lado permitirá un mayor autocontrol.

Un tribunal ganará legitimidad si sus miembros tienen prestigio propio, son reconocidos por sus conocimientos y tienen autonomía. Sus redes nacionales e internacionales les dan más peso y protección frente a mayorías o presidentes abusivos. Este Congreso difícilmente nombrará a candidatos que tengan estas cualidades. Podemos ir a una repartija entre los seis grupos más numerosos, probablemente buscando magistrados que actúen como guardaespaldas del Congreso y, dada la composición del mismo, seguro pensando más en limitar a Pedro Castillo que a Keiko Fujimori.

Creo que sería un gravísimo error proceder con la elección y más pensando que los fieles les servirán para limitar a un presidente. Si la intención es bloquear la posibilidad de un Castillo que opte por la ruta autoritaria, con una mala elección le estarían regalando argumentos sobre la ilegitimidad del sistema. Es como despedir a buenos periodistas para defender la libertad de expresión. Los sumisos que sirven al interés de los dueños de medios no suelen ser los que gozarán de legitimidad para enfrentar públicamente a quienes busquen afectar dicha libertad.

Sería mejor que no elijan; total, el próximo Congreso requerirá consensos muy grandes para lograrlo. En el interín quedarán en el tribunal magistrados que, más allá de críticas que puedan hacerse, han tenido posiciones claras contra lo que viene haciendo el Congreso estos meses. Pero si van a elegir, harían bien en hacerlo por invitación, con nombres que no dejen duda de su calidad jurídica y credenciales democráticas e independencia frente a cualquiera de las opciones en segunda vuelta. Una elección que parece no estar en el ADN del actual Congreso.