Hermanos en la corrupción

Estamos en manos de la delincuencia. Son muchas las causas. Una, sin embargo, predomina: la corrupción.

La corrupción no es solo la de los sobornos. Es la de los enjuagues y la política. El toma y daca de las altas esferas llega a todas las instancias por efecto de cascada.

El 29 de noviembre, la policía detuvo a 28 extranjeros en su “búnker”, en Pachacámac. En el local había armas de fuego, droga y hasta granadas de guerra.

El fiscal a cargo del caso liberó a 22 de los investigados. Entre ellos estaba José Antonio Ríos Gil. Dos semanas después, este sujeto disparó e hirió a dos policías, en un enfrentamiento a balazos. Él y sus cómplices escondieron cinco pistolas, un revólver y droga en un hostal, en San Juan de Lurigancho.

El fiscal llevó ante una jueza a siete venezolanos del caso del “búnker”. Ante el pedido de prisión preventiva, ella dispuso su libertad.

“Lo único que se les debe recomendar, señores, es que cumplan con todas las reglas de conducta que se les ha dictado”, les dijo en tono casi maternal la entonces jueza Leny Zapata Andía.

¿“Señores”? ¿“Recomendar”? ¿”Reglas de conducta”? La jueza adujo falta de pruebas. Las debía aportar el fiscal Luis Raúl Samaniego Ramos, el mismo que liberó al pistolero Ríos Gil.

No sabemos de qué naturaleza son las insuficiencias de estos funcionarios de la justicia. Sabemos, por cierto, que no son los únicos casos. Lamentablemente, esas “insuficiencias” convierten al Perú en tierra fértil para la delincuencia.

Los encargados de nombrar, destituir o sancionar a jueces y fiscales son los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ahí parece estar la coladera que deja pasar a los “insuficientes”.

La JNJ ha sido citada por el Congreso. Hay congresistas que quieren sacar de funciones a sus miembros. El problema es que algunos congresistas son, a su vez, investigados por distintos temas.

Una cantidad de congresistas quiere destituir a todos los miembros de la JNJ por haber suspendido en sus funciones a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. No parece haber ánimo de justicia, sino de revancha política.

El exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, ha hecho revelaciones tremendamente serias. Según estas, la ex fiscal de la Nación habría negociado votos en el Congreso para distintos fines políticos, a cambio de neutralizar las investigaciones sobre los congresistas.

Lo que se atribuye a la exfiscal es grave. Habría coordinado, a través de su asesor, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la elección del defensor del Pueblo y la destitución de los miembros de la misma JNJ. Gravísimo, que lo habría hecho a cambio de desactivar las investigaciones sobre muchos congresistas.

Una fiscal con estas acusaciones debe ser investigada. Y no puede ejercer el máximo cargo del Ministerio Público hasta que tales investigaciones se resuelvan.

La JNJ también debe ser investigada. Toda autoridad puede ser investigada. Incluso, y por supuesto, los congresistas mismos que tienen investigaciones abiertas.

La JNJ ha fracasado en su misión de mejorar la calidad de los operadores de justicia. Debe ser evaluada por esa tremenda responsabilidad, más que por suspender a Patricia Benavides.

Mientras no resolvamos ese problema, la delincuencia seguirá haciéndose del país. La delincuencia, hija mayor de la corrupción.