Entre el límite y el exceso

La madurez de una democracia no debe medirse tanto en función de las reglas formales que la gobiernan, sino del uso responsable que hacen de estas quienes detentan el poder. En ese equilibrio difícil, donde lo legal y lo legítimo a veces se enfrentan en zonas de grises, es la institucionalidad peruana la que ha sufrido varias derrotas. Desde la forzada renuncia del ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski en adelante, los poderes del Estado –y otras entidades públicas– han librado costosas e innecesarias batallas entre ellos motivadas, sobre todo, por la ambición y la revancha. Las reglas del juego se doblan y se estiran hasta el máximo, con el fin de defender a quienes se consideran el equipo propio y atacar al contrincante.

Un nuevo capítulo de esta historia es el que se lleva a cabo ahora en el Congreso a propósito de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La semana pasada, el pleno otorgó facultades a la Comisión de Justicia para realizar una investigación sumaria en contra de la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y de los integrantes Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello. Los legisladores acusan a los magistrados de emitir un pronunciamiento irregular a favor de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, frente a la inhabilitación para la función pública que le impuso el Congreso, y –a tres de ellos– de interferir en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el mismo caso de Ávalos. Además, se imputa a los integrantes de la JNJ interpretar a su antojo la restricción constitucional sobre los límites de edad para ejercer el cargo y filtrar información reservada a un medio de comunicación.

Como en casos anteriores, el Congreso está aquí actuando al límite. El artículo 157 de la Constitución sí lo faculta a remover a los miembros de la JNJ por causa grave y es cierto que, en lo que respecta a la señora Tello, ella actualmente ha rebasado los 75 años que la ley estipula para integrar el JNJ, pero el resto de las imputaciones descritas difícilmente llevan el peso suficiente que se debería requerir para reemplazar legítimamente a todos los integrantes de una entidad tan sensible para el sistema de justicia como la JNJ. Tampoco se puede pasar por alto que el intento de remoción se da cuando los miembros de la JNJ tenían en la mira a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por –entre otras acusaciones– haber removido a una fiscal que investigaba a su hermana.

Los errores en esta trama se hallan en todos lados. Por ejemplo, la sanción a Ávalos por parte del Legislativo, como dijimos en su momento en estas páginas, fue desmedida, pero también es cierto que la JNJ sobrepasó sus competencias al defenderla públicamente. En estas circunstancias, preservar la capacidad crítica para evaluar con objetividad los excesos de uno u otro lado se torna especialmente importante si se quiere preservar algún equilibrio democrático. Por ello, no se puede condonar el abuso de la función de fiscalización que el Congreso pretende imponer sobre la JNJ, pero tampoco se puede hablar a la ligera de un quiebre del sistema democrático, de rompimiento del equilibrio de poderes o de dictadura congresal. Esos términos no aplican y, por el contrario, contribuyen a contaminar más el debate actual.

El Congreso hizo bien en defender sus fueros frente a las iniciativas intervencionistas del gobierno de Pedro Castillo. Pero si demanda respeto por sus espacios, debe también cederlo al resto de entidades públicas. Y eso pasa por preservar el espíritu del marco institucional, en la forma y en el fondo, sin abusos recubiertos de reglamento. Lo contrario implica continuar hasta el desgaste total en este enfrentamiento que utiliza las instituciones como herramienta de revancha política y a la ley como arma.