Retroceso a toda marcha

“¡Misión cumplida, hermanos!”, proclamaba el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, en un video publicado por las redes sociales del Congreso este jueves. Uno pensaría que Soto estaba festejando la aprobación de una reforma importante. Pero no. Estaba tratando de salvarse del costo político de la promulgación y posterior derogación de una legislación que demuestra, una vez más, la penosa calidad del proceso legislativo.

Hablamos de la Ley 31876, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. Esta modalidad es utilizada en gran parte por los gobiernos regionales y los municipios para ejecutar obras sin realizar una licitación, ni contratar a un tercero, sino utilizando su propio personal y maquinaria.

Como pueden imaginar, al final lo que se genera es infraestructura de bajísima calidad, costos que se incrementan sin ningún límite, obras que demoran más de lo previsto y, hay que decirlo, espacio para la corrupción.

La administración directa, además, solo está regulada por una resolución de la Contraloría General de la República de 1988. Y este vacío legal no es un problema menor, pues el 42% de las inversiones que se ejecutaron entre el 2018 y el 2021 se realizaron por esta modalidad, según cifras de esa entidad.

Para resolver esta ausencia de marco regulatorio, la contraloría envió al Congreso un proyecto en diciembre del 2021, que fue usado como insumo para el dictamen elaborado por la Comisión de Economía y que fue aprobado en julio del 2022. Más de un año después, el 23 de setiembre del 2023, el Congreso promulgó la norma tras aprobar por insistencia el dictamen con 104 votos a favor.

¿Qué pasó para que la derogaran menos de un mes después? Pues que los gobernadores regionales y los alcaldes amenazaron con marchar hacia el Congreso y, para evitarlo, la Mesa Directiva recibió a una delegación de autoridades subnacionales este jueves por la mañana.

Ese mismo día, 106 congresistas –incluyendo a los que la aprobaron– votaron a favor de derogarla, luego de aplaudir la presencia en el hemiciclo del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Rohel Sánchez, y a alcaldes provinciales y distritales. Literalmente, legislando para la tribuna.

Su principal reclamo era que la normativa iba en contra de su autonomía al establecer un límite de 50 UIT (S/247.500) para el monto total de la inversión que se ejecuta bajo administración directa. La conveniencia de este monto la podemos discutir, pero ese debate debió realizarse en la Comisión de Economía y en las dos veces que fue evaluada y aprobada por amplia mayoría en el pleno del Congreso.

Tras la derogación bajo amenaza, parece improbable que los parlamentarios se vayan a atrever a llenar este vacío, de modo que las puertas para la ineficiencia y la corrupción seguirán abiertas.

Claramente, lo que les preocupa a los congresistas es el efecto que tienen las leyes sobre su imagen y no su conveniencia para el país. Que el debate de la reforma del sistema de pensiones nos coja confesados.