Cierre de legislatura (2)

La semana pasada inicié un intento de balance de la legislatura ordinaria iniciada en julio por nuestro Congreso. Decía que una primera impresión muestra que las propuestas capaces de avanzar más y generar más consenso parecerían ser aquellas que fortalecen el poder y las prerrogativas del Parlamento frente a otros poderes del Estado; aquellas que amparan intereses informales y clientelas políticas bien organizadas; y aquellas que buscan, con una supuesta lógica “garantista” y de corrección de excesos en la persecución de los delitos, desarmar el activismo judicial de los últimos años.

Otra dimensión, muy relevante, de algunos de los cambios establecidos por el Congreso es la referida a la legislación electoral. El riesgo de tener un proceso electoral altamente caótico es inminente, por lo que hacer correcciones resultaba imperativo. Si la convocatoria a elecciones generales se realiza en abril del próximo año, habrá muy poco espacio para establecer reformas más adelante.

Se aprobaron algunas reformas que parecieran partir del reconocimiento de la debilidad de todos los partidos orientadas a facilitar su participación. En realidad, dada la proliferación de partidos sin mayor representación, la lógica debería ir en la dirección de establecer requisitos que permitan la depuración del sistema, para así quedarnos con menos partidos, pero más fuertes y representativos. Así, se ha rebajado el porcentaje mínimo de postulaciones que se le exige a un partido en las elecciones regionales y locales, cubriendo solo el 20% del total de provincias. Al mismo tiempo, se ha debilitado aún más el ejercicio de mecanismos de democracia interna en los partidos (ya se eliminaron en la práctica las elecciones primarias) y se ha ampliado la posibilidad de designar de manera “libre” hasta un 30% de los candidatos a las elecciones regionales y municipales. Esta dinámica acentuará la lógica de partidos meramente de etiqueta, que presentan candidatos sin mayor identificación con los partidos con los que postulan.

Reformas que sí contaban con algún respaldo y consenso entre expertos en temas electorales y que fueron aprobadas son la posibilidad de que los candidatos a la presidencia y vicepresidencias puedan postular al Senado o a la Cámara de Diputados (lo que podría ayudar a mejorar un poco el principio de rendición de cuentas entre lo que se ofrece en campaña y lo que se hace después), o que, dada la proliferación de candidaturas presidenciales, se facilite la formación de alianzas, estableciendo una valla del 6% de los votos, independientemente del número de partidos integrantes de la misma. Si bien esta medida va en contra de la lógica de “depurar” del sistema a partidos sin representación, parece razonable dado el número excesivo de partidos inscritos hasta el momento (39 con otros 31 en proceso).

Es relevante mencionar que algunas reformas posibles se quedaron en el tintero pendientes de reconsideración: no llegó a aprobarse la eliminación de los movimientos regionales (¿los congresistas actuales podrían tener interés en postular a las elecciones regionales a través de alguno de ellos?) ni la reelección de gobernadores y alcaldes (¿por el temor de los congresistas a enfrentarse con autoridades regionales y locales que buscarían la reelección?). Tampoco la reforma constitucional que buscaba impedir la postulación de sentenciados por delitos graves, donde habrían pesado cálculos de conveniencias electorales muy de corto plazo, pero que ponen en riesgo la gobernabilidad democrática.