COVID-19 y el futuro de las empresas, por Fernando Cáceres

No todas las personas estamos en la misma situación. Si trabajas en un servicio esencial, la operación continúa y seguirás recibiendo tu sueldo. Si tu empleador ha podido migrar hacia el trabajo remoto, también. Si eres autoridad, lo mismo. En estos casos, lo responsable es pagar los servicios que recibimos de las empresas.

Cuando la familia no puede hacerle frente a la crisis, necesitamos pensar en otras medidas que vayan más allá del bono de S/380. Se trata de identificar a quiénes si se les cobra la luz, el agua o el alquiler, no les alcanzará para quedarse en casa.

En el Congreso, APP ha propuesto que las empresas de servicios, entidades financieras y prestadoras de seguros suspendan el cobro de mensualidades e intereses hasta que pase la emergencia. ¿Por qué debería una empresa dejar de cobrarle a quien tiene ingresos o ahorros? No debemos establecer un subsidio ciego que incentive la criollada tan típica en nuestro país.

Además, no pensemos solo en grandes empresas bancarias, a las que tampoco puede pedírseles por mucho tiempo que paguen intereses pero no los cobren, bajo el riesgo de que terminemos con grandes jugadores dejando de colocar plata. También pensemos en las microfinancieras y en su cadena de valor, en personas que viven de alquileres, etc.

En Uruguay se van a diferir cuotas de préstamos por hasta 180 días “para deudores, cuyos ingresos puedan ser afectados a consecuencia de la emergencia sanitaria”. Y se van a otorgar créditos desde el Estado con menores tasas de interés. En España, la banca puede llegar a movilizar hasta 200.000 millones para dar liquidez a pymes y personas, pero pide avales públicos que cubran hasta el 80% de los préstamos.

En Dinamarca, el Gobierno va a pagar el 75% del sueldo de los empleados de empresas privadas cuyos ingresos se han visto afectados por la pandemia, para evitar despidos. Asimismo, el Estado garantizará el 70% de los préstamos a las compañías para impedir que el sistema financiero se sature. En Chile se ha dispuesto que se paguen al contado todas las facturas pendientes emitidas al Estado, generando así liquidez inmediata. Y toda nueva factura estatal se abonará antes de 30 días. Y así.

Las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, necesitan ver cómo sobrevivir. El Estado, por lo tanto, tiene que tomar las medidas necesarias para proteger a las personas y a la economía a la vez, a fin de que, cuando pase la crisis, no hayamos perdido también a las empresas que soportan la economía. Y esto incluye intentar preservar lo máximo posible la cadena de pagos (el que puede pagar, que pague), y pensar en medidas de alivio para el sector productivo a fin de que no se pierdan empleos. Esta es –si se quiere– la agenda pendiente para los días/semanas que vienen.