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El martes se declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y en siete distritos de la provincia de Sullana, en Piura (Decreto Supremo 105-2023-PCM).
Esta era la respuesta del Ejecutivo ante el uso de granadas de guerra en dos locales en los que se iban a realizar conciertos con grupos musicales extorsionados.
Pasados los 60 días del estado de emergencia, sin embargo, no habrá ningún cambio. La Policía Nacional trabaja con la mitad de su flota de vehículos inoperativa. Hay una carencia de aproximadamente 50 mil policías a nivel nacional.
El mismo día de publicado el D.S., se presentó a los medios de comunicación a tres detenidos por extorsión y otros delitos. Vestían overol rojo y lucían un letrero de “Detenido-extorsión”. Llevaban grilletes en pies y manos.
En el Perú no se puede hacer eso. Según el Código Procesal Penal, antes de la sentencia firme, no se puede presentar a una persona como culpable (art. II.2).
Más aún, el Tribunal Constitucional ha ordenado a la policía “abstenerse de presentar en ruedas de prensa a las personas que han sido detenidas…” (Exp. 02825-2027-PHC/TC, resolución del 23/11/2021, fundamento 32).
No se puede combatir a la delincuencia dándole argumentos a la delincuencia. Se le da un argumento cuando se agujerea el ordenamiento legal en la lucha contra la delincuencia.
La exhibición de detenidos con trajes y grilletes y cadenas solo es para crear un espectáculo. Los overoles y cadenas se ven en las películas de Hollywood.
En el Perú se debe combatir a la delincuencia sin película ni peliculina. La amenaza es seria y la función principal del Estado es proteger nuestras libertades.
Hay que felicitar a la Policía Nacional por las capturas, pero hay que replantear las medidas populistas. La peliculina está bien para Bukele, no para un país que quiere recuperar el Estado de derecho.
Mucho más eficaz que un overol es un módulo de flagrancia. Estos permiten que, después de una captura en flagrancia, el investigado sea acusado y sentenciado en apenas unos días.
Se requiere un aumento de las penas en los delitos graves. Sin embargo, no es eso lo que reducirá la criminalidad. Lo que hará eso es, simplemente, hacer justicia.
El delincuente decide cometer un delito si este es rentable. Calcula si tiene opciones de éxito, si se siente hábil para cometerlo y para eludir a la autoridad.
La ley, las penas y la policía representan riesgos. El criminal hace un balance, como lo hacen los inversionistas. “Será fácil arranchar ese celular, y será difícil que me atrapen y, menos, que me encierren”, eso piensa.
Los trajes de color, los carteles y cadenas no tienen mayor efecto contra la delincuencia. Solo tienen un efecto ante la población.
La población, sin embargo, no se sentirá segura por mucho tiempo. Cuando las personas vean que no se ha reducido la delincuencia, vendrá una decepción y se percibirá mayor inseguridad.
Requerimos un verdadero plan de seguridad para los ciudadanos. El presidente del Consejo de Ministros había anticipado que “aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte”.
Esto que se presenta no será eficaz. Necesitamos un plan verdadero, no un plan hollywoodense.
