Crímenes de lesa calidad, por Javier Díaz-Albertini

Mucho se ha escrito sobre el enorme despropósito que algunos legisladores intentan cometer contra la educación superior del país. También ha llamado la atención la reacción tan tibia y pusilánime –quizás cómplice– de un Ejecutivo que no sabe cuándo y cómo dar las verdaderas batallas para disminuir la desigualdad en el país.

No voy a escribir sobre los intereses comerciales y las intenciones populistas que hay detrás de estos intentos. Más bien, quiero mostrar qué nos dice la ciencia acerca del peligro de dejar la educación superior en manos de emprendedores no regulados.

Primero, veamos qué nos dice la economía. Los bienes económicos se pueden clasificar en tres categorías –búsqueda, experiencia o confianza–, según cuán posible es evaluar su calidad antes de ser consumidos. Los bienes de búsqueda son fáciles, como es, por ejemplo, comprar vestimenta para uno mismo. Los de experiencia, en cambio, recién pueden apreciarse una vez consumidos: un vino, un corte de cabello o una película. Finalmente, los bienes de confianza son aquellos que no podemos evaluar plenamente aún después de consumidos. La principal razón es que no se cuenta con la experticia para ello o porque los resultados solo pueden apreciarse después de un período largo. Por ejemplo, las sesiones de terapia psicológica, una cirugía compleja o la educación, especialmente la superior. Son de confianza porque –aunque es difícil evaluar directamente el servicio– sí podemos constatar la reputación y prestigio de la persona u organización que la produce. Por eso, para la toma de decisión, en la educación superior juega un papel importante la evaluación de terceros vía licenciamientos, acreditaciones o ránkings.

También nos ayuda a entender por qué algunas universidades con fines de lucro son las que más gastan en publicidad y en campañas agresivas de reclutamiento de alumnos. Al no contar con un prestigio establecido, buscan mitigarlo con estrategias persuasivas o manipuladoras. En EE.UU., este tipo de universidad es responsable del 40% del gasto total en publicidad del sector universitario, a pesar de que solo tienen al 6% de la población estudiantil.

Segundo, qué nos dice la sociología. La convivencia entre el capitalismo y la democracia es difícil porque el primero se basa en clases sociales (desigualdad), mientras que el segundo en la ciudadanía (igualdad). Los derechos sociales –obligatorios y universales– son los que directamente enfrentan la desigualdad de clases buscando garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. La educación básica como derecho universal es el mejor ejemplo. La noción es simple: si todos reciben una educación de calidad, entonces podrán gozar de igualdad de oportunidades. Asimismo, la educación se convierte en el principal vehículo de movilidad social. Por el contrario, si la educación de calidad se transforma –por su costo– en un privilegio de pocos, entonces exacerba y perpetúa las desigualdades existentes.

Tercero, lo dicho anteriormente nos conecta con las ciencias políticas. Como hemos analizado en columnas anteriores (especialmente en “El hartazgo de los que sobran” 30/10/2019), la privación relativa ha mostrado tener –en múltiples investigaciones– una relación estrecha con comportamientos políticos no convencionales y hasta radicales. Ocurre cuando sectores significativos de la población consideran que su situación de vida se encuentra estancada o empeorada en comparación con el pasado, otros grupos de referencia o sus expectativas.

Cuando toda una generación percibe que la educación superior no produce los retornos (económicos y sociales) esperados, tiende a alimentar una profunda desazón hacia el sistema y, con frecuencia, una mayor radicalización política. No nos debe llamar la atención que los militantes de muchos grupos extremistas en el Perú y en el mundo sean egresados de centros de educación superior que –a pesar de sus esfuerzos– no lograron las posiciones sociales prometidas. Las investigaciones nos dicen que todo lo contrario ocurre cuando la educación de calidad es asequible, ya que tiende a producir un importante aumento en comportamientos cívicos y democráticos.

La contrarreforma universitaria solo logrará debilitar más nuestra precaria institucionalidad. Generará que miles de universitarios sean engañados, que se incumplan sus expectativas de mejoramiento de vida y ascenso socioeconómico, que, por ello, cuestionen la efectividad de la democracia en garantizar bienestar y, así, se alimente un incremento en el apoyo a soluciones autoritarias radicales.