En la redacción tenemos un chat con los del Diario y no hay mañana que no despertemos sin la alerta de un asesinato. “Sicarios le disparan 7 veces a una mujer en una farmacia”. “Citan a taxista por aplicativo y le disparan 4 veces en la cabeza”. “Encuentran cuerpo descuartizado y calcinado en Cieneguilla. Lo repartieron por varios lugares de la zona”. Desde setiembre hasta enero, nuestros reporteros gráficos han contado en sus recorridos nocturnos 168 por encargo en Lima y el Callao. Ocho a la semana. Uno más violento que el otro.

Como el que ocurrió hace tres meses en Huaycán. Un mototaxi donde iban cinco personas, entre ellas una bebe de 10 meses en brazos, fue interceptado por sicarios que mataron a todos y dejaron gravemente herida a la pequeña. Nuestro fotógrafo contó más de 25 casquillos en el lugar. O el caso de Steven Pacherrez, que recibió ocho balazos el día que cumplía 25 años. Su asesino tenía apenas 14 y ya registraba denuncias por chocar y fugar, tenencia ilegal de armas y delito contra la salud pública.

Seamos francos. Esto ya se salió de control. Los crímenes ocurren a cualquier hora y lugar. No importa si al frente hay niños o familias enteras. Nuestros reporteros cuentan que se están modificando armas de manera artesanal para disparar más municiones. Los asesinos ya no son “expertos”, sino jóvenes o menores de edad. Y todos los casos de sicariato que hemos reportado tienen relación directa con la .

Rubén Vargas decía hace unos días que estamos ante un fenómeno con modalidades casi infinitas. El extorsionador podría estar dentro de un penal, en cualquier barrio o incluso en el extranjero. Y la víctima puede ser cualquiera. Hay extorsión por terrenos, extorsión a pequeños y grandes negocios, extorsión telefónica, hasta “secuestros” de vehículos para luego pedir rescate.

También hay casos frente a nuestras narices. En el 2020, una investigación de El Comercio reveló cómo los colectiveros de la avenida Arequipa tienen que pagar cupos para transitar. Las mafias les colocan stickers para identificarlos y les dan protección frente a los operativos de la ATU. Todas las principales avenidas de Lima tienen dueño.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades frente a esa denuncia? Ninguna. Y lo mismo parece estar pasando ahora. Miles de peruanos viven bajo el acoso y el miedo diario de un “págame o mueres”. Y aun así no se ve ninguna estrategia para enfrentar la extorsión. La alta rotación en la policía y el Mininter durante la gestión de Castillo ha debilitado aún más la capacidad de respuesta frente al crimen.

Desde nuestro lado, vamos a publicar una serie de informes para abordar el tema y encontrar salidas. El primero está en esta edición y se basa en la cobertura diaria de nuestros fotógrafos. Y ahora estamos trabajando sobre más de 30 testimonios que nos han enviado lectores víctimas de extorsionadores. Denunciar es el primer paso para vencer a la violencia.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada es director periodístico de El Comercio

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