Cuando el Estado no responde, por Maria Cecilia Villegas

La poca capacidad de gestión pública del Estado repercute directamente en el descontento de los peruanos con el mismo Estado y la clase política, lo que los lleva a optar por candidatos antisistema, como Pedro Castillo. El problema es que estos candidatos suelen ser malos gobernantes porque no entienden al enorme aparato estatal ni tienen cuadros técnicos que suplan sus deficiencias. Pero más aun, la propia plataforma desde la que postulan los obliga a proponer reformas populistas que ahondan los problemas, debilitando –incluso más– la institucionalidad, ahuyentando la inversión privada, aumentando la pobreza y, como consecuencia, la insatisfacción de los ciudadanos.

Usemos como ejemplo el acceso a agua y saneamiento. El agua es el recurso más escaso del mundo y es considerada por el Banco Mundial como una prioridad para lograr acabar con la pobreza. En el Perú, aproximadamente 8 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Solo en Lima, 1,5 millones de peruanos no cuentan con acceso a agua potable ni alcantarillado. El 80,5% de la población rural utiliza una letrina, pozo séptico o acequia.

En Huancavelica, el 20% de la población tiene acceso a agua potable y el 40,1% a redes de alcantarillado. Mientras que en Cajamarca, Amazonas y Pasco acceden a agua potable el 22%, 27,2% y 29,4% de la población, respectivamente. Solo el 7,2% de la población rural tiene acceso a agua potable (INEI, 2019).

Existe un vínculo directo entre la calidad del agua y la salud. La falta de acceso a agua potable y saneamiento es uno de los principales factores que contribuyen al retraso del crecimiento de los niños y a la alta incidencia de desnutrición y anemia. La anemia impide el correcto desarrollo cerebral en los niños, dificultándoles el aprendizaje, lo que limita sus posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo e ingresos cuando crezcan. Esto reduce sus oportunidades de escapar de la pobreza. La anemia afecta a cuatro de cada diez niños peruanos. En Puno, 69,4% de los niños menores de 3 años tiene anemia, 57,2% en Ucayali, 55% en Madre de Dios y 53,7% en Cusco (INEI, 2020).

En Cusco, el 94,5% de la población accede a agua por red pública, pero solo el 52,4% tiene acceso a agua potable y solo el 36,8% consume agua con un nivel de cloro adecuado. Mientras que el 32% no tiene acceso a alcantarillado, Cusco es la región que más canon recibe del país: entre el 2004 y el 2021, percibió S/22.572 millones como producto del desarrollo de Camisea. Solo en el 2020 obtuvo S/ 1.040 millones. La cantidad de recursos que reciben los distritos de Echarati, Pichari, Quimbiri y Megantoni superan los presupuestos anuales de los distritos más ricos de Lima. ¿A dónde se fue el dinero?

En el Perú estamos bastante lejos de lograr garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos. De acuerdo a un estudio de la Universidad del Pacífico, se necesitaba invertir más de US$12 mil millones hasta el 2021 para lograrlo. Pero, además, la inversión pública no ha seguido las prioridades que marcan el interés público, con proyectos bien identificados, diseñados y ejecutados a costos competitivos y en los tiempos establecidos. Y aquí es donde la corrupción y la falta de capacidad de gestión pública nos comienzan a desviar.

La debilidad institucional que nos afecta, y que se refleja en la captura de rentas (contratos) por parte de grupos privilegiados con acceso al poder, hace que los proyectos que se priorizan no se hagan en virtud de las necesidades de la población. Quienes no tienen acceso al agua por red pública, pagan hasta 10 veces más que quienes viven en una zona residencial.

Cuando el Estado no responde y los ciudadanos no se involucran, candidatos como Pedro Castillo llegan al poder, generando mayor pobreza y abandono de los más necesitados.