Decido no decidir

El Tribunal Constitucional no ha emitido un fallo, pero ha decidido. Admitió la demanda, pero no aceptó la cautelar que pedía la restitución del Congreso, entre tanto hubiera una decisión. Tampoco una variante de ello (postergar las elecciones, por ejemplo). ¿Qué nos están diciendo los magistrados? Pues que su futura decisión no va a modificar el statu quo. Lo dicho se confirma además por las declaraciones de sus miembros. (¡Cómo les gusta declarar a estos magistrados!).

Las del presidente del Tribunal Constitucional son bastante ilustrativas. Revertir el cierre del Congreso es una “posibilidad remota”, ha dicho adelantando opinión (como varios otros hacen regularmente). Ni en el mundo paralelo en el que muchas veces viven nuestras instituciones, cabría imaginarse que en febrero anulen los resultados de las elecciones y regrese el antiguo Congreso. Más allá de si lo del 30 de setiembre fue constitucional o no, queda meridianamente claro que no vamos a regresar al 29 de setiembre.

Ahora bien, incluso en ese escenario están abiertas tres opciones. La mejor para Vizcarra sería que digan que estuvo bien cerrado el Congreso. Una intermedia, que sostengan que se trataba de una decisión que se basó en las imprecisiones de la Constitución y planteen correctivos. La tercera es que sostengan que lo que se hizo no fue constitucional, pero que agreguen que, en aras de la estabilidad política, miremos para adelante. Esta última dejaría al presidente en una posición precaria. Gobernar un año y medio con ese estigma sobre sus espaldas sería muy difícil.

Por ahora, el Tribunal Constitucional sale de la escena política. Las elecciones de enero dominarán los meses que vienen. Y en este asunto, el excesivo formalismo que termina primando sobre la realidad viene complicando el proceso. Me refiero al hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones no ha establecido si los miembros del Congreso disuelto pueden postular.

Al respecto hay dos interpretaciones. Una que prime el criterio de que su elección sería inmediata y por tanto no pueden participar (en cuyo caso, siguiendo la lógica elemental, si podrían estar en el que sigue). O que se considere que lo que manda es lo de “completar su período” y, por tanto, sí pueden hacerlo. Hay múltiples opiniones, pero la única que importa es la que no se dará a tiempo.

Es que el JNE ha tenido la brillante idea de dejarlo para más adelante. Para el período de tachas que se resuelven en primera instancia en cada uno de los jurados electorales especiales. Habrá probablemente división de criterios; algunos jurados dirán que sí y otros que no, creando una confusión absurda.

Ellos decidirán solo en segunda instancia. En pocas palabras, quienes deben facilitar las cosas y darnos predictibilidad hacen exactamente lo contrario. Al igual que con el Tribunal Constitucional, los miembros del JNE deben saber perfectamente a estas alturas qué es lo que van a decir después, pero van a esperar para hacerlo más adelante, cuando los casos se presenten. ¡De locos!

Otrosí digo: El presidente Vizcarra puso como principal tema de su agenda al 2021 en seguridad ciudadana, el control de la tenencia y uso de armas ilegales. Confieso que me sorprendió. Eso ya lo hicimos en el 2016, cuando compartíamos Gabinete, vía decretos legislativos.

Se endurecieron las penas a los portadores de armas ilegales. Basta ahora tenerlas consigo para ir a prisión efectiva. Además, se racionalizaron las normas para los portadores legales, a saber, los ciudadanos que quieren protegerse de la delincuencia. Se logró que casi 400 mil armas tuvieran su situación saneada y casi 200 mil perdieran licencia por no haberlo hecho. (La inmensa mayoría personas muy ancianas, no domiciliados y fallecidos).

Se separó así, claramente, al ilegal del legal. Establecimos, además, recompensas de 5.000 soles a quien denunciase a un portador de armas ilegales. Por cierto, el programa de recompensas Que Ellos se Cuiden sigue con el número de personas que dejamos en diciembre del 2017 (cerca de tres mil); cuando para estas fechas ya deberíamos haber pasado, al menos, los 10.000. Es decir, 10.000 delincuentes requisitoriados por delitos graves que deberían estar cuidando el pellejo, en lugar de delinquir. Nunca entenderé por qué lo abandonaron. Ni, tampoco ahora, qué es lo nuevo y relevante para enfrentar el delito en el tema de armas ilegales.

*El autor fue ministro del Interior en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski