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La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó acusar constitucionalmente al presidente Castillo. La causa: supuestos sobornos pagados al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
El canciller César Landa ha declarado sobre el acuerdo congresal. Se trata, dijo, del desconocimiento por una parte del Parlamento del resultado de las elecciones (RPP, 30/6/22).
La tarea de fiscalización, opinó, no puede hacerse abusando del derecho. ¿La comisión abusó del derecho?
“En la medida –agregó– que el presidente de la Comisión de Fiscalización declaraba hace pocos días imputarle [al presidente] responsabilidad por organización criminal y de hechos ilícitos… es un adelanto de opinión, de juicio”.
El propio doctor Landa recordó que el Congreso no es sede judicial. “No tiene reglas de derecho, sino de oportunidad política y opciones ideológicas”.
Se puede decir, agregó el ministro, que es “una investigación, una fiscalización y una acusación de facto”.
Landa también respondió a la pregunta sobre si la fiscalía debe seguir investigando al presidente. “Yo diría que la ley debe ser aplicada igual para todos”. En el caso de otros presidentes, se ha suspendido la investigación, señaló.
El profesor Landa opinaba distinto en el 2014, como se ve en un artículo académico. En ese entonces se discutía sobre las facultades de la “megacomisión” que investigó al expresidente Alan García.
Landa escribió, entonces, que, dado que “las comisiones investigadoras no acusan ni sancionan, la exigencia judicial del cumplimiento del debido proceso, como en los casos anteriores, no tendría una base argumentativa constitucional ni fundamento jurídico consistente” (“Derecho”, PUCP, Nr. 73, 2014, p. 459).
El catedrático escribió que “el Parlamento como órgano que investiga asuntos en los que los gobernantes o exgobernantes (y en general cualquier alto funcionario público) puedan verse involucrados, no debería ver entorpecido el ejercicio de sus facultades investigadoras, cuando estas aún no han establecido con claridad y precisión los hechos imputables” (p. 470).
El ministro Landa no parece ser de la misma opinión que el profesor Landa. Es el problema de participar de la defensa política del presidente sospechoso.
Castillo es sospechoso porque su entorno inmediato está fugado y tiene precio: su exministro Juan Silva, el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y su sobrino Fray Vásquez Castillo.
El artículo citado termina con una referencia al jurista nazi Carl Schmitt, y hace una invocación para “evitar una innecesaria judicialización de la política”.
El problema, según Schmitt era, además, la politización de la justicia. Se refería a que el juez no debía decidir fuera de las leyes del Estado.
“Cualquiera que, según la situación del caso, se oponga a la ley estatal está entrando en el campo de la política” (“Cinco directrices para la práctica jurídica”, en “Derecho Alemán”, órgano de la Asociación de Juristas Alemanes Nacionalsocialistas, 15 de dic. de 1933, cd. 7, p. 201).
El Estado podía liquidar a los judíos y el juez tenía que resolver según las reglas del estado nazi. Eso era “despolitizar la justicia”.
La última cita del artículo atribuye a Schmitt erróneamente una frase de Guizot de 1846 (Schmitt, “La Defensa de la Constitución”, p. 75).
Nosotros no queremos “despolitizar la justicia” en el sentido de Schmitt ni “evitar” la “judicialización de la política” al estilo de Schmitt. Queremos saber la verdad sobre nuestros gobernantes, nada más.
