¿Cómo derrotar al crimen organizado?, por Gino Costa

Con el propósito de responder esa pregunta, se realizó la semana pasada en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) un seminario internacional de alto nivel. La feliz iniciativa fue de la Embajada de Francia, la Unión Europea y Devida, y su inauguración estuvo a cargo de Ana Jara, presidenta del Consejo de Ministros. El panel de cierre contó nada menos que con la participación de los embajadores de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, y con la embajadora itinerante de Francia contra el crimen organizado.

El crimen organizado es, sin duda, una de las principales amenazas globales hoy en día y su naturaleza transnacional obliga a una estrecha colaboración entre todos los estados. En el Perú, su principal manifestación ha sido, por lo menos desde la década del 70, el narcotráfico. En los últimos años emergió la minería ilegal del oro, que entre el 2008 y el 2011 desplazó al narcotráfico al segundo lugar. 

Estas dos actividades ilícitas por lo menos representan el 2% del PBI y, sumadas al contrabando, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la tala ilegal de madera y las extorsiones, entre otros, llegarían al 3% del PBI, un quinto de lo que genera la minería y casi el doble de lo que representa todo el gasto en justicia penal. Su peso es aún mayor si se le mira desde los escenarios locales, donde puede llegar a tener una influencia hegemónica, como en Madre de Dios, donde el oro ilegal es el 40% del PBI.

Varios hechos han contribuido a incorporar el crimen organizado en la agenda nacional. Primero, la violencia de las extorsiones y la corrupción en los gobiernos subnacionales, así como la manera impúdica cómo Orellana construyó un imperio apropiándose de inmuebles ajenos. Segundo, su visible penetración de las instituciones encargadas de combatirlo, alcanzando incluso a las más altas autoridades de la fiscalía. Tercero, su creciente influencia en la política, de lo que han dado múltiples muestras las últimas elecciones.

Es imperativo frenar este deterioro, que no solo pone en peligro la gobernabilidad democrática, sino el crecimiento. Para hacerlo, la experiencia internacional aconseja construir un subsistema penal con policías, peritos, fiscales, jueces y agentes penitenciarios de primer nivel y bien remunerados. En el Perú tenemos la ley que lo creó; hay que hacerla realidad. Esto obliga a diseñar una estrategia rápida y eficaz para reclutar y formar el personal necesario, y proveerlo de las herramientas tecnológicas que se requiera.

La mejor práctica internacional también recomienda unificar la inteligencia en lugar de perpetuar la inexplicable fragmentación que hoy existe; hacer un uso extendido, pero legal, de la interceptación de las comunicaciones y contar con los equipos idóneos para ello; dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera de atribuciones para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, pues no hay nada más rentable y eficaz que quitarle el dinero al crimen organizado; y, garantizar el aislamiento y el máximo rigor para los presos por estos crímenes.