Exclusión y pobreza: una agenda mínima

A fines del 2022 se aprobó la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), que presenta los objetivos y las metas del Estado Peruano al 2030 para responder a la exclusión social, así como para orientar la articulación de los servicios brindados por 14 ministerios y entidades públicas. La publicación de este documento constituye un avance importante, pues era necesario actualizar el marco programático empleado por la gestión pública desde el 2013 en respuesta a los nuevos desafíos de desarrollo del país.

En el contexto de la crisis política, el PNDIS puede contribuir a organizar una respuesta desde las políticas públicas a demandas sociales largamente postergadas: más oportunidades, mejores servicios, cierre de brechas históricas. Para ello, debe garantizar una ruta de implementación eficiente y transparente, para que los objetivos planteados aterricen en mejoras concretas en las condiciones de vida de millones de peruanos en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Recientemente, el ministro de Economía Alex Contreras ha declarado que es probable que la pobreza monetaria –que afecta a aproximadamente ocho millones y medio de ciudadanos a nivel nacional (INEI 2022)– no se reduzca debido al incremento de la inflación y la reducción del crecimiento económico. Como efecto de la pandemia, la pobreza llegó a afectar a casi 10 millones de compatriotas (INEI 2021), suponiendo un retroceso de una década. A continuación, tres aspectos que considero claves para la ruta de implementación del PNDIS:

Priorizar la atención a los niños y adolescentes para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Este grupo etario fue duramente afectado durante la pandemia debido al cierre de instituciones educativas (dos años) y centros de cuidado (aún en curso). Además de la pérdida de aprendizajes e impactos negativos en el bienestar y en la salud mental, disminuyó el acceso al programa de vacunación y otros servicios claves de salud (nutrición, etc). El PNDIS puede ser un instrumento influyente para impulsar respuestas articuladas entre los sectores sociales (Midis, Minedu, Minsa, MIMP) y los tres niveles de gobierno, orientados a evitar que los impactos temporales generados por la pandemia se vuelvan permanentes y profundicen las desigualdades. La recuperación de aprendizajes en la generación de estudiantes afectados por la pandemia no es solo una prioridad educativa, sino también una condición indispensable para el desarrollo social y económico del Perú. La escuela debe concebirse como un pilar clave para la protección social, pues allí convergen acciones para mejorar aprendizajes, nutrición, acceso a la salud y prevención de la violencia.

Optimizar los instrumentos dirigidos al sector rural. El PNDIS puede contribuir a renovar la agenda de desarrollo rural. Resulta indispensable superar la implementación inercial de programas sociales para generar respuestas específicas en zonas altoandinas y en la Amazonía. Existe un importante aprendizaje acumulado en los programas sociales que puede aplicarse para innovar la oferta de servicios existentes, siendo crucial ampliar las intervenciones de inclusión económica, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la aplicación del enfoque intercultural en la prestación de servicios.

Responder a la pobreza urbana. La pobreza urbana se ha incrementado a nivel nacional. Antes de la pandemia, el número total de pobres en el ámbito urbano ya superaba al ámbito rural. Aproximadamente el 70% de las personas en situación de pobreza monetaria en el Perú se ubica en el ámbito urbano. El número de pobres en Lima Metropolitana supera el total del ámbito rural nacional (Herrera, 2022). Frente a esta realidad, la gestión pública cuenta con muy pocos instrumentos. Se requiere crear nuevas soluciones orientadas a la generación de ingresos (considerando el 70% de informalidad a nivel nacional), servicios de cuidado, servicios básicos, entre otros. El PNDIS tiene la oportunidad de impulsar la definición de una agenda de desarrollo e inclusión social urbana, hoy inexistente en el Perú.

En un reciente ensayo, Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán (2023) señalan que uno de los mayores retos que enfrenta América Latina es construir democracias que funcionen mejor y muestren respeto por los derechos de los ciudadanos. Mejorar la calidad y la efectividad de las políticas y servicios vinculados a la superación de la pobreza e inclusión social también constituye un componente clave para la legitimidad de la democracia.