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La Municipalidad de Lima quiere hacerse de las inversiones privadas en las carreteras. Rafael López Aliaga no podrá, sin embargo, tomar el control de los peajes de la concesión de Rutas de Lima.
A la hora de contratar, ambas partes se sometieron al arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas Para el Derecho Mercantil. Este tribunal ha ordenado “mantener el statu quo”, hasta que se resuelva la controversia por la intención del municipio de resolver el contrato.
El tribunal ordena a la municipalidad, además, “abstenerse de agravar la disputa con manifestaciones públicas”. Rafael López Aliaga se declara en rebeldía contra los mandatos arbitrales.
El alcalde de Lima sostiene que los miembros del tribunal han cobrado medio millón de dólares “cada uno” por dar la medida cautelar, “en un tema en el cual no eran competentes”. O sea, los acusa de bribones y coimeros.
El burgomaestre no dice que se trata de las costas y que, aunque no quiera, la municipalidad tendrá que pagar su parte. Así es en todo arbitraje.
Es un gasto inútil que pagaremos los limeños. Se lo debemos únicamente a López Aliaga. Su pretensión de hacer “caducar” el contrato de concesión con Rutas de Lima es populista, demagógica y costosa.
López Aliaga dice: “Odebrecht es una empresa corrupta y, por tanto, debe resolverse el contrato”. No dice que Odebrecht vendió la mayoría de sus acciones y que, por tanto, la concesión no es de Odebrecht, sino de quien compró.
El que compró (el 57%) es el fondo de inversiones Brookfield. Este tiene activos por todo el mundo de US$750 mil millones (tres veces el PBI del Perú).
López Aliaga quiere botar a ese fondo del Perú. Y con él, en consecuencia, a todo fondo de inversiones que estuviera pensando en el Perú. ¿O alguien puede creer que los fondos de inversión morirían por venir al Perú, luego de eso?
López Aliaga se constituye en uno de los principales enemigos de la inversión extranjera. Se convierte en uno de los principales enemigos del desarrollo del Perú.
El alcalde quiere que la municipalidad administre los peajes. ¿Para qué? Para subsidiarlos y ganarse, personalmente, con el rédito político del correspondiente control de precios.
Esto ya lo hemos vivido en el Perú. Ganar aplausos, aunque eso cueste ahuyentar la inversión. Esto es retroceder a la época de las expropiaciones de los años 70, del siglo pasado.
El pretexto sobre Odebrecht no se sostiene. Esta empresa tiene el 25%. Para venderlo, se requiere una modificación de la adenda del contrato. ¿Quién no quiere firmar? ¡La Municipalidad de Lima!
Si López Aliaga quiere sacar a Odebrecht y no a la inversión privada extranjera, la tiene fácil. ¡Firme la modificación del contrato!
La empresa ha invertido S/2.200 millones. Tiene casi S/1.500 millones de deudas garantizadas. Le falta invertir unos tres mil millones de soles. ¿Todo eso lo pagará la Municipalidad de Lima?
El alcalde no está interesado en sacar a Odebrecht. Está interesado en tomar las carreteras. Es una autoridad que se rebela contra los contratos, el arbitraje internacional, el Estado de derecho, las leyes y la seguridad jurídica.
“¡Fuera del Perú, inversionistas!” Eso expresa la conducta de López Aliaga. Eso, y las ganas de ocuparse de estas carreteras, directa y personalmente.
