El desborde popular en acción, por José Matos Mar

El proyecto Tía María es muy importante para el país. Por ello, es fundamental que los científicos sociales ayudemos a entender el conflicto en toda su dimensión. Para mí es un ejemplo vivo de lo que he llamado desborde popular. Con apoyo de un colaborador, propongo algunas claves de este drama.

Primer acto: Incomprensión de la realidad. Como todo valle costeño, el del río Tambo tiene tres sectores muy bien diferenciados: el bajo, formado por agricultores independientes; el medio, formado por los obreros de la Central Azucarera Chucarapi; y el alto, formado por campesinos. El sector bajo corresponde a los distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón, con 12 mil pobladores; mientras que el medio y alto corresponde al distrito de Cocachacra, con 10 mil pobladores.

Una consultora extranjera elabora el diagnóstico y trata a todos como si fueran una realidad homogénea. Como consecuencia, la negociación del estudio de impacto ambiental (EIA) se hace con los pobladores del sector bajo, sin tomar en cuenta al medio y al alto, que son las zonas de influencia directa del proyecto minero. Conclusión: sector alto y sector medio excluidos pese a ser tan numerosos como el sector bajo.

Segundo acto: Error empresarial. En diciembre del 2013, la empresa interesada lleva a cabo la audiencia pública que manda la ley y, conocedora de la resistencia del sector bajo, trae desde Arequipa a un centenar de jóvenes estudiantes que sustituyen a los agricultores. En 30 minutos exponen el EIA de 300 páginas y “absuelven” las 138 observaciones formuladas por la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas. Conclusión: sector bajo también excluido del conocimiento del proyecto. 
Como era lógico de esperar, en ese momento nace la protesta. 

Tercer acto: Miopía del gobierno. Ajeno a estas dos realidades, en abril de este año el actual primer ministro visita Mollendo y demanda “orden”. Inmediatamente se desata la violencia. Si de verdad quería poner orden, hubiese sido más aconsejable no viajar a Mollendo y a cambio ir a la avenida Las Artes de San Borja para sancionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que se prestaron al despropósito de no cumplir la ley en la audiencia de aprobación del EIA. 

Además, el Ejecutivo forma una comisión con cuatro respetables técnicos, ministros de Estado, para negociar con los dirigentes opositores del proyecto. El supuesto implícito es que el problema es técnico y no político o social. Los opositores se dan el lujo de desairar a los ministros, a la presidenta del Congreso y a la gobernadora regional. Un incidente inadmisible que me hizo recordar que en el 2004, en el Caso Ilave, Luis Thais hizo llevar a Puno a los dirigentes renuentes en patrullero y luego de hablar con ellos se fue solo sin policía a la plaza de Ilave, donde saludó en aimara a la población e inició el diálogo. Una mezcla de firmeza y apertura democrática que ahora se hizo extrañar.

Conclusión: la protesta, lejos de aplacarse, se encrespa hasta hacerse inmanejable.
Luego nadie supo qué hacer. Los opositores extreman su violencia para provocar un muerto más y lo logran. El gobierno apuesta por la militarización. La empresa no sabe si continuar o paralizar el proyecto.

Colofón. Este resumido balance nos arroja tres factores claves: 1°. El punto de partida de la empresa estuvo errado; 2°. Debido a ello, en la negociación no están todos los actores sociales que deberían estar; y 3°. Quienes deben negociar políticamente por el gobierno no han sabido hacerlo bien.

¿Todo está perdido o hay salidas viables y racionales? Considero que sí las hay. 
Primero, el gobierno debe reconocer que este no es un problema técnico, que no se trata de ofrecer una obra de agua potable a un alcalde o de encarcelar a un extremista. Eso no resuelve el resentimiento histórico del valle con la empresa ni crea condiciones sostenibles para la inversión. La mejor solución sería designar a un alto comisionado, cercano a la Presidencia de la República, que dirija un nuevo proceso y realice ofertas y establezca compromisos políticos.

Segundo, en lugar de negociar con solo una parte del valle, debería incluirse a las organizaciones de los sectores medio y alto que también tienen algo que decir y que han estado al margen de este conflicto. Nótese que la violencia se ha producido del puente Pampa Blanca para abajo, en solo un tercio del valle, y entre Mollendo y Matarani la zona más lejana del proyecto.

Por último, si la empresa desea convivir en el largo plazo con el valle, debería comprometerse a apoyar un proyecto de desarrollo microrregional a 20 años. Si así lo hiciese, ¿alguien se opondría?