Desconocimiento y descreimiento

Como nunca, hay una enorme preocupación por cómo evolucionará el proceso electoral en marcha. No por nada una recién difundida encuesta anual sobre corrupción, encargada por Proética a Ipsos, da cuenta de que el 88% considera que esta ha aumentado en los últimos cinco años. Asimismo, con un 68%, la principal característica que se espera de un candidato es, de lejos, que sea honesto.

En esa línea de preocupación, la Asociación Civil Transparencia lanzó esta semana la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia, a la que –informan– “se han unido más de 50 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, colectivos ciudadanos, iglesias y gremios empresariales que buscan sumar esfuerzos para proteger la integridad del proceso electoral 2026”. A ellos hay que añadir los esfuerzos de múltiples medios de comunicación que, en todo el país, tratan de poner en evidencia a los nada honestos que repletan las listas de no pocos partidos.

Tarea titánica, si le agregamos que no es solo el desconocimiento lo que nos puede llevar a otro salto al vacío, sino también el descreimiento. Pongo dos ejemplos.

El 7 de diciembre se cumplieron tres años desde que, vía mensaje al país, Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso, nuevas elecciones para que el sucesor tenga facultades constituyentes –y, entre tanto, gobernara por decretos ley–, declarara en reorganización todas las instituciones del sistema de justicia y, apenas concluido el mensaje, ordenara a la policía detener a la fiscal de la Nación y rodear el Parlamento.

Siendo tan evidente lo ocurrido, cabe preguntarse si es solo desconocimiento el hecho de que, en una reciente encuesta de Ipsos para “Perú 21”, el 36% consideraba que Pedro Castillo es inocente de todas las acusaciones –las del golpe y las de sus visibles casos de corrupción–, y que esa distorsión de la realidad llegue al 43% fuera de Lima. Peor aún: que los que consideran que es culpable en ambos supuestos sean apenas el 28% y, fuera de Lima, el 20%.

Me parece que esto no cambiaría con mayor información y que, en realidad, refleja un profundo descreimiento. Los motivos se entienden mejor cuando se observa que, según la encuesta de Proética, el Congreso –que en su momento, y dentro de sus atribuciones, retiró del poder al golpista– es hoy la institución vista como la más corrupta, con 88%. En este caso, con merecida razón.

Otro caso revelador de que el problema no es solo de información es el de José Jerí. Así, al comenzar octubre y como presidente del Congreso, tenía un escuálido 5% de aprobación, tanto por la pésima imagen que proyectaba la institución (siempre con sus votos), como por lo que ya se conocía de sus muy bien documentados casos de corrupción.

Bastó un cambio radical de estilo presidencial –yendo a uno juvenil, dinámico y mucho más comunicativo– para que del 4% se elevara al 50%, y para que pasen por agua tibia anuncios groseramente distantes de la verdad, como que en siete meses habrá disminuido significativamente la inseguridad o que dejará el camino despejado para ser un país de primer mundo.

¿Con más información sobre la pesada mochila que carga el presidente la gente cambiaría de opinión? No lo creo. Si sectores muy bien informados y líderes de opinión no ocultan su entusiasmo por el gobernante, no podemos pedírselo al ciudadano de a pie.

No va a ser fácil. Pero hay que perseverar para que suficientes electores puedan informarse por los medios adecuados y no los voten. Es que, en una elección tan fragmentada como la que parece venir, ello sí podría impedir que los peores pasen a la segunda vuelta y que menos de los ya abiertamente deshonestos lleguen al Congreso.