Hace unos días recibimos en CETEMIN, en Chosica, a un grupo de dirigentes mineros de Potosí, Bolivia. Llegaron con una preocupación estremecedora: nos informaron que el año pasado registraron más de 200 accidentes mortales en sus operaciones y, para septiembre de este año, ya habían superado esa cifra.
Potosí, cuyo Cerro Rico fue uno de los grandes productores de plata del mundo, enfrenta hoy una dolorosa contradicción: una actividad que generó tanta riqueza sigue cobrando demasiadas vidas. Los visitantes querían conocer cómo enseñamos a trabajar con seguridad. Recorrieron nuestra mina subterránea modelo, donde los estudiantes aprenden a perforar, utilizar explosivos y transportar mineral siguiendo procedimientos seguros. Su propósito es desarrollar una escuela similar en Potosí.
Su visita me recordó nuestra propia historia. En 1996, la minería peruana registró alrededor de 120 accidentes mortales, cuando empleaba aproximadamente a 50.000 trabajadores. Ante esa realidad, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Minem, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú impulsaron una respuesta conjunta. De ese esfuerzo nació el Instituto de Seguridad Minera (ISEM), que ha promovido la capacitación y las mejores prácticas internacionales. Hoy, con cerca de 300.000 trabajadores, hemos logrado reducir considerablemente las muertes, hasta cifras inferiores a 25 anuales. Es un avance importante, pero insuficiente: nuestra meta debe seguir siendo cero accidentes.
La experiencia boliviana también me hizo pensar en una deuda pendiente del Perú: la seguridad de quienes trabajan en la minería artesanal y de pequeña escala, particularmente en operaciones informales. Cuando discutimos la formalización minera, solemos concentrarnos en registros, permisos, plazos y expedientes. Pero detrás de cada operación hay personas que merecen regresar sanas y salvas a sus hogares. Formalizar debe significar también trabajar de manera segura y respetar el medio ambiente.
Muchos pequeños mineros desean mejorar sus operaciones, pero necesitan capacitación, orientación técnica y acceso a buenas prácticas. La minería formal tiene una experiencia valiosa que puede compartir. No basta con exigir requisitos: también debemos ayudar a que puedan cumplirse. Por eso, propongo convocar a los líderes de la pequeña minería y la minería artesanal a una campaña nacional de prevención de accidentes y protección ambiental. El ISEM, CETEMIN y las empresas mineras formales podrían aportar instructores, conocimientos y experiencias concretas. Esa capacitación debe incluir el manejo seguro de explosivos, la prevención de derrumbes y el cuidado de ríos y acuíferos. Proteger a los trabajadores y evitar la contaminación son responsabilidades inseparables.
La formalización no debería medirse solamente por expedientes aprobados, sino también por accidentes evitados, vidas protegidas y daños ambientales prevenidos. Una autorización administrativa no garantiza, por sí sola, una operación responsable. Si hemos demostrado que la seguridad puede mejorar en la minería formal, debemos extender ese aprendizaje a quienes más lo necesitan.
Una minería responsable no se define solo por cuánto produce, sino por cómo protege la vida y el entorno donde trabaja.
Lima
