Diálogo, legitimidad y reforma

Siete gobernadores, la mayoría de regiones del sur, se negaron a dialogar con la presidenta Dina Boluarte, a la que no reconocen como jefa del Estado. Quieren que renuncie y que se convoque inmediatamente a elecciones generales, pero también que se cierre el Congreso, cuyos miembros, nos guste o no, han sido elegidos por el voto popular. También piden que se libere a Pedro Castillo, que intentó dar un golpe de Estado desde Palacio, poniéndose fuera de la ley. Hay una gran mayoría que no cree en nuestra democracia ni en la política, tal y como señalan algunas encuestas.

Sin embargo, pese a todo, esta democracia ‘enclenque’ es mucho mejor que cualquier dictadura. Hoy los que creemos en la primera somos minoría, pero no importa, porque a lo largo de la historia ha habido minorías que al final triunfaron.

La democracia no es corrupción. Que algunos funcionarios se valgan de aquella para llegar al poder y traicionar sus virtudes haciéndose del erario público depende de la catadura moral que tengan los que han sido elegidos para gobernar y legislar. Es verdad que hay mucha ceguera moral en el Perú en todos los ámbitos, y eso nos está pasando una seria factura. Muchos confunden democracia con inmoralidad. Son dos cosas muy diferentes. Una es una forma de organizar el poder; la otra, la transgresión de los valores comúnmente aceptados en una comunidad.

Lo que está sucediendo desde hace varios años es que tenemos un conflicto entre la legitimidad de derecho y la legitimidad de hecho; vale decir, la política-social. Como explicaba Paulo Vilca en este Diario el 2 de enero refiriéndose a la presidenta, “la construcción de su legitimidad real no depende del cumplimiento de las reglas de la sucesión presidencial, sino de su capacidad de alcanzar una convivencia democrática con los actores de la periferia, sin tener que recurrir a estados de emergencia ni seguir desmontando la institucionalidad como hizo su predecesor”.

Este gobierno no es otro gobierno. Jurídicamente, es la continuidad del anterior, pero con otra cabeza. Desde luego, dada esta coyuntura conflictiva, mucho le va a costar convencer a quienes se le oponen en el Congreso y desde la sociedad civil de que no hay otra salida democrática más que la constitucional y de que la legitimidad jurídica no tiene que estar en conflicto con la política. La paradoja es precisamente esta: un gobierno legítimo de acuerdo al derecho, pero deslegitimado por la mayoría de la población. En gran parte, todo dependerá de lo que suceda de aquí hasta el 2024. Lo primero que se debe hacer es pasar de la represión al diálogo y que ambas partes depongan la violencia por el bien de la patria, pero también de la democracia y, sobre todo, de la justicia social.

Solo podremos salir adelante con más democracia. Comprendo que, en lo inmediato, el Congreso debe hacer reformas como la de la bicameralidad, la reelección inmediata de congresistas –y quizás de gobernadores regionales y alcaldes– y la renovación –por tercios o por mitades– de los representantes. Estas, a su vez, deberían de ser consultadas al pueblo vía referéndum para que el ciudadano se sienta integrado al proceso político.

Creo también que, a largo plazo, debe de haber una reforma más profunda para superar la exclusión y la marginación política. Esto se puede lograr mejorando los mecanismos de representación y participación.

Deben celebrarse consultas populares sobre decisiones políticas y normas que afecten al ciudadano, la rendición de cuentas debería de ser obligatoria por mandato constitucional, debería haber revocatoria para toda autoridad elegida y deberían realizarse cabildos abiertos y audiencias públicas en las que el pueblo se pronuncie y delibere con plena libertad. Esta democracia que empoderaría más al ciudadano sería, desde luego, solo una parte de las necesarias reformas económicas y sociales que nos permitirían pasar de una sociedad de integración social baja a una de integración social alta.

De esta manera, habremos superado el abismo que históricamente nos separa y construido el puente que nos una en nuestra sociodiversidad. Solo así tendremos una democracia legitimada social y jurídicamente. De lo contrario, seguiremos con nuestra agonía política.