La prensa bajo una nueva amenaza

El Congreso debe llevar a cabo, en breve, la segunda votación de un proyecto de ley que ha generado la condena unánime de periodistas y medios de comunicación debido a que busca incrementar las sanciones por difamación y calumnia, convirtiéndose en una grave amenaza para el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país.

No obstante, los partidarios de la ley alegan que es necesaria para proteger la reputación de las personas. Sin embargo, el verdadero objetivo de esta ‘ley mordaza’ es a todas luces silenciar a los periodistas que denuncian los intereses subalternos.

Prueba de ello es que hay congresistas impulsándola como represalia por haber revelado casos como los de ‘Los Niños’, ‘los mochasueldos’ o los asiduos visitantes a Palacio de Gobierno y los ministerios para pedir la contratación de sus recomendados durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, incluso cuando algunos se declaraban de oposición.

Lo grave es que esté siendo secundada también por congresistas de partidos que se autoproclaman impolutos, transparentes, democráticos, a pesar de que la propuesta tiene todos los visos de una venganza ante la revelación de las acciones que cometían algunos de sus colegas. Sin duda, una clara muestra de cómo se pretende coartar la labor de los periodistas y limitar el control ciudadano sobre el poder.

El proyecto, que ya ha obtenido la aprobación en primera votación del Congreso, pretende modificar el artículo 132 del Código Penal a fin de imponer penas aún más severas para los llamados delitos contra el honor en nuestro país.

En caso de su ratificación, la legislación actual (que contempla penas por difamación y calumnia de entre 80 a 156 jornadas de servicio comunitario, o de entre 120 y 365 días-multa a dos y cuatro años de cárcel) pasaría a sancionar dichos delitos con cuatro años de privación de la libertad para aquellos que los cometan utilizando libros, prensa u otros medios de “comunicación social” (aunque no esté especificado con precisión lo que se entiende por estos últimos).

Los periodistas desempeñan un papel fundamental a la hora de pedir cuentas a los poderosos. Desenmascaran la corrupción, las irregularidades y las injusticias. La ‘ley mordaza’ dificultaría mucho más el trabajo de los periodistas.

Gracias a su incansable labor, hemos sido testigos de casos emblemáticos como el de Odebrecht, que puso al descubierto una corrupción sistémica y la complicidad de altos funcionarios en sobornos millonarios para obtener contratos de obras públicas. ¿Qué habría sucedido si los periodistas hubieran cedido al miedo y decidido no informar por temor a ser acusados de difamación por parte de los directivos de la empresa brasileña o sus cómplices?

De manera similar, la prensa ha sido fundamental en la develación del escándalo de la carretera Interoceánica y Ecoteva, que expuso supuestos sobornos y un presunto lavado de activos llevados a cabo por el expresidente Alejandro Toledo utilizando empresas ‘off shore’.

No podemos pasar por alto, asimismo, el Caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, una red de corrupción que involucraba a jueces, fiscales y abogados, y que fue denunciada gracias al incansable trabajo de los medios de comunicación.

La importancia de una prensa libre y valiente en nuestra sociedad se evidencia en aquellos que se atreven a denunciar la corrupción y ejercer su labor de fiscalización. Sin embargo, este proyecto de ley pretende intimidar a quienes laboramos en la tarea de que el ciudadano conozca los hechos, debilitando el derecho fundamental a la libertad de expresión mediante un desproporcionado aumento de las penas.

Deriva en imperativo que el Congreso descarte esta propuesta y que el Estado fortalezca su marco legal e instituciones para salvaguardar y promover el trabajo de los periodistas. Bajo esa misma perspectiva, se deben impulsar mecanismos que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

En lugar de buscar acallar a los periodistas con amenazas como esta, los congresistas deberían sumarse a la corriente que recorre desde hace varios años América Latina y que, por el contrario, despenaliza el delito de difamación, tal y como han hecho México en el 2007, Argentina en el 2009 y Colombia en el 2018, solo por mencionar algunos ejemplos.

La prensa libre es indispensable para el desarrollo de una sociedad justa y transparente. Su labor de informar, investigar y denunciar casos de corrupción es crucial para evitar que la rapiña del erario público prevalezca.

Los ciudadanos deben estar atentos a lo que ocurra con este proyecto y cualquier otro intento de limitar el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. Su defensa es responsabilidad de todos.

Carl Bernstein, el reconocido periodista estadounidense por su papel en la investigación del Caso Watergate, sostenía que “la libertad de prensa, si significa algo, implica el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar”, para destacar la importancia que los medios de comunicación poseen a fin de actuar con libertad, incluso cuando ella implique revelar verdades incómodas o desagradables para algunos.

Los periodistas no podemos actuar amordazados por una norma que puede ser utilizada también por los delincuentes para evitar que se revelen sus delitos.

Solo a través de una prensa sin cortapisas podremos construir un Perú más justo, comprometido con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.