La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha empezado una ronda de diálogo que continúa al cierre de esta columna. Aunque la información oficial indica que el objetivo de las reuniones es “afianzar la salida a la crisis política y el trabajo por el país” (Presidencia de la República, 15/2/2023), lo cierto es que, cuando concluyan las citas, seguramente la situación habrá cambiado poco o nada, o lo que es peor, se habrá agudizado.
Es que la crisis sigue enclaustrada, lejos de siquiera avizorar algo cercano a una salida. Por ello, la aspiración de “afianzarla” (la salida) parece una ingenuidad, cuando no una voluntaria falsedad. En vez de apuntalar alguna válvula de escape (como podría ser el postergado adelanto de comicios), se persiste en obstruirlas y hacer alarde de ello.
El “trabajo por el país”, en tanto, es algo en lo que su Gabinete debería ser su principal apoyo. De las agrupaciones políticas se puede esperar apoyo, como, de hecho, lo han dado (al menos las que tienen presencia en el Parlamento) delegando facultades legislativas el viernes último.
Es claro que el Ejecutivo no tiene agenda y prefiere huir de la que le pone la ciudadanía: el adelanto de los comicios. Se refugia, entonces, en palabras vacías que significan todo y nada. Con el esperado anticipo de elecciones sin fecha, es poco lo que se puede mostrar al país.
La convocatoria, además, tiene una limitada conexión con el Congreso, el espacio desde donde debe surgir, al menos formalmente, la real salida a la crisis. De las nueve agrupaciones con las que se había reunido hasta el lunes, seis cuentan con presencia parlamentaria. Una (AP) tiene tal cantidad de líos internos que difícilmente se logre algún apoyo en bloque.
De las otras cinco, solo Fuerza Popular y APP han mostrado su apoyo al adelanto (uno incondicional, el otro resistido en la interna). De hecho, ha sido un vocero autorizado de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien detuvo en la práctica el tratamiento del PL del Ejecutivo en la Comisión de Constitución, al presentar una reconsideración a la votación que lo habilitaba, el viernes último.
Si no se forja una salida en el Congreso, será la presión de la turba la que imponga desenlaces que podrían plantear riesgos adicionales que por ahora parecen secundarios (asamblea constituyente, por ejemplo). Pero la presidenta Boluarte y sus contertulios parecen no darse cuenta.
De las reuniones, además, ha quedado en evidencia que el Ejecutivo se percibe como uno regular, no de transición. A contracorriente de lo que la presidenta Boluarte ha dicho reiteradamente (la Nochebuena del 2022, por ejemplo, en su mensaje a la nación: “Cuánto hubiera querido empezar este gobierno de transición sin esa violencia y sin esas pérdidas humanas que me duelen en el corazón”), su ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, ha dicho: “No somos un gobierno de transición” (Canal N, 20/2/2023).
Quizás el rato más tragicómico de esta ronda ha sido el abierto desplante por parte de los representantes del Partido Morado. No solo ventilaron públicamente los temas tratados (Luis Durán reveló: “La presidenta nos dijo que ella no considera que su gobierno sea de transición”), sino que se animaron a portar un improvisado cartel que exigía la renuncia de Boluarte.
Así, la presidenta y su entorno parecen persistir en un afán de negación que despierta más desazón que esperanza. Solo ello puede explicar que se vea con optimismo algo que es una evidente pérdida de tiempo. Un cortejo esmerado y fútil, como aquel que protagonizaban el profesor Jirafales y doña Florinda en la recordada serie mexicana.