“La toma” de Dina

El Gobierno aún no termina de salir bien parado de la emergencia climática (una nueva y cruda prueba de la disfuncionalidad estructural del Estado, además de la ineptitud y corrupción de sus responsables a todo nivel), y una nueva ola (o huaico, si quieren) de amenazas se cierne contra la sostenibilidad política del régimen.

Esta vez ya no se trata de la ‘toma de Lima’ (debido a que las lluvias y los desbordes han neutralizado física y políticamente a las protestas de inicios de año), sino de ‘la toma’ de Dina, por el asedio fiscal y judicial que la presidenta afronta por estos días, tras las denuncias de un presunto financiamiento irregular en la campaña pasada.

Es temprano aún para afirmar la existencia de indicios o pruebas concluyentes sobre la responsabilidad de la mandataria, pero, llegado el caso, este es el tipo de ruta (muy conocida y popularizada en el Perú de los últimos años) para defenestrar presidentes en lapsos de tiempo relativamente cortos.

De momento (solo de momento), pareciera que es un coletazo engendrado en el círculo de confianza de Pedro Castillo y de los hasta hace no mucho socios políticos de Dina Boluarte. Finalmente, la mafia nunca paga.

Se dirá, y acaso así lo entienden la presidenta y su entorno más íntimo, que en el Congreso no existe una mayoría decidida a apretar las clavijas para acelerar políticamente estas denuncias; sin embargo, no es el Legislativo el que controla, ni los tiempos fiscales, ni las filtraciones mediáticas de colaboradores eficaces o acusadores a secas.

La pregunta es si ante estos nuevos hechos es conveniente para el Gobierno ejecutar un recambio ministerial, tal y como ha venido trascendiendo. Y, si así fuere, cuál debería de ser el alcance del mismo. ¿Debería incluir un cambio de timón en la Presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, o solo en algunas carteras?

A mi juicio, los momentos de turbulencia (salvo que sean insalvables) no son los mejores para hacer cambios de ruta radicales. El jefe del Gabinete, Alberto Otárola (visto como un pasivo por algunos por su performance durante los disturbios de diciembre/enero), ha logrado una suerte de estabilización precaria que le permite al régimen transmitir la idea de que decide y gobierna. Al mismo tiempo que blinda la gestión personal de Boluarte.

Sacrificar un alfil en un mal momento pondría en un riesgo innecesario al rey (o a la reina).