Sin vergüenza

Cuando uno está frente a una pareja en la que la mujer es víctima de violencia, hay un dato que resulta muy revelador: la manera como el abusador trata a su compañera frente a los demás. Si le grita o la manda callar es imposible que no nos invada esa horrenda sensación de que estamos mirando solo la punta del iceberg. Hay una frase que lo resume: “si eso se permite en público, qué barbaridades hará en privado”.

El ejemplo nos puede servir para analizar la espiral de violencia en la que ha entrado el gobierno de Dina Boluarte. La presidenta pasó de un discurso en el que pedía que se investigue a todos, sin asumir su responsabilidad política, a otro en el que ningunea a los que protestan, dice que son unos cuantos y celebra el accionar de la policía y las Fuerzas Armadas. Ha pasado de hacerse la loca con el tema a convertirse en la más entusiasta animadora de la represión contra los ciudadanos. Y esa postura, que da cuenta de cómo piensan quienes dan las órdenes y toman las decisiones, la anuncia oronda y lironda en público. ¿Se imaginan cómo serán los diálogos entre la presidenta Boluarte, el premier Otárola, y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales? ¿Cómo se referirán a esos muertos que les estorban, a sus familias que reclaman justicia? No hay que ser un genio, ni un iluminado, para sospechar que están cargados de menosprecio y discriminación.

Contagiados de ese espíritu, se empiezan a trepar al carro otros que impulsan medidas destinadas a segregar a esa parte “molesta” de la ciudadanía. A la decisión bastante polémica del alcalde de Lima de cerrar el Centro Histórico para cualquier manifestante, se sumó el de Miraflores que, ni corto ni perezoso, vuelve a dejar en claro que “su distrito” no es de todos. Por lo menos López Aliaga puede ampararse en el hecho de que le toca preservar un espacio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero al señor Canales solo lo hemos escuchado balbucear y discriminar. Punto.

La cereza de la torta la pusieron los chicos listos de Avanza País. Saliendo de la reunión que convocó la jefa del Estado con las agrupaciones políticas, el presidente del partido, Aldo Borrero, flanqueado por el congresista Alejandro Cavero, contó a la prensa que le habían expresado a la presidenta su preocupación por los policías y militares, y que le habían propuesto que les otorgue una amnistía a los que han participado en las manifestaciones. Amnistía para todos, sin importar el rango.

Lo dijo sin ponerse colorado, sin que asomara en su rostro un atisbo de duda o pudor. Si bien la bancada después lo desautorizó, no fue porque con esta declaración se zurraban en los muertos y en los clamores de justicia de sus familiares, sino porque estaban asumiendo que los miembros del orden eran culpables. Se dieron cuenta, un poco tarde, de que estaban pidiendo perdón para quienes, según el discurso oficial, no han cometido ningún delito.

Interesante constatar que, ante la evidencia de que se han violado los derechos humanos, hayan sido los representantes de uno de los partidos más conservadores, y claros promotores de la mano dura, los que se animaron a reconocerlo públicamente. Y es que ante las evidencias presentadas en el reportaje de IDL-Reporteros y las recogidas por Amnistía Internacional ya no se puede seguir tapando el sol con un dedo y temen que esta estrategia de gobierno empiece a debilitarse. Están asustados y no quieren que los militares y policías en las calles dejen de meter bala para no ser juzgados. Por eso se presentaron ante Dina Boluarte con tremenda idea, para asegurarle que no hay de qué preocuparse, porque a su estrategia de violencia le puede sumar ahora la de la impunidad.