Reformas mínimas

Como será de resistente nuestro modelo económico que ha sobrevivido el amateurismo radical de Pedro Castillo y el amateurismo frívolo de Dina Boluarte. Tiene mucha razón Andrés Oppenheimer cuando dice que el Perú es un país cuya economía crece por las noches, mientras los políticos duermen (o yacen anestesiados mientras les realizan operaciones estéticas). Más resistente aún si consideramos las barbaridades que han perpetrado, en nombre del fortalecimiento institucional, reformólogos que comparten una matriz ideológica estatista, incoherente y lasciva con nuestra economía de mercado. Nada bueno puede salir de combinar recetas económicas de Chicago Boys con reformas políticas keynesianas que, por ejemplo, han impuesto que los partidos políticos se financien principalmente con fondos públicos, con nuestros impuestos. Más de S/10 millones desde el 2017, torta repartida entre los partidos con representación parlamentaria. ¿Acaso ese dinero ha permitido la ‘lucha contra la desigualdad’ de los recursos con que cuentan nuestros partidos? ¿Acaso la saludada implementación de dicha política –celebrada como ‘best practice’ en su momento– ha conseguido alejar a los poderes ilegales de la representación nacional como prometían sus más notables consultores?

A pocos meses de que las elecciones generales del 2026 sean convocadas (abril del 2025), queda poco para hacer ajustes a las reglas de juego que rijan los próximos comicios. Tenemos que ser quirúrgicos y abandonar (momentáneamente) la ambición, para darle un poco de sincronía ideológica a nuestra tenaz economía y nuestra alicaída institucionalidad política. Con este espíritu presente, en la última versión de CADE, dos propuestas de reformas políticas mínimas, consistentes en modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas y Ley Orgánica de Elecciones, respectivamente. La primera propuesta aborda el restablecimiento del financiamiento privado a favor de dichas agrupaciones. Desde años atrás, en columnas anteriores, he bregado por la posibilidad de que los actores formales de la economía contribuyan de manera transparente al funcionamiento de partidos y sus campañas electorales. Antecedentes de contribuciones no declaradas formalmente, no deberían servir de pretexto para evitar el restablecimiento de vínculos formales entre el capital y la representación política, como sucede en cualquier sociedad desarrollada. Me complace que, en la actualidad, asomen consensos en la materia y que exista un dictamen en la comisión congresal de Constitución (devuelto por el pleno del Congreso el viernes 29, a última hora) que se encuentra en el sentido correcto. Sin embargo, quiero levantar una alerta. El hecho de que se abra nuevamente la puerta para el financiamiento privado no significa que cualquiera pueda acceder. La norma –como está dictaminada– levanta la prohibición a personas jurídicas nacionales y las habilita a poder realizar contribuciones económicas, pero no precisa las condiciones que deberían cumplir estos aportantes. Por ejemplo, personerías jurídicas ‘de fachada’ o creadas ad hoc, podrían ser empleadas por actores ilegales para filtrar sus intereses en los aportes de campaña. Al respecto, sugiero que se precise el carácter de estas personerías jurídicas: que al menos tengan cuatro años de contribuciones tributarias, demostradas por sus declaraciones juradas respectivas. No es suficiente, pero es algo. Porque, idealmente, el aporte privado debería gestionarse a través de fundaciones o ‘think tanks’, plataformas creadas con fines de contribuir a asuntos públicos. Eso tiene que ser materia de discusión para el mediano plazo.

Por otro lado, y como ya es sabido, se va a restablecer el sistema legislativo bicameral compuesto por 60 senadores y 130 diputados (por ahora). En el nuevo diseño, el Senado va a ser un ente todopoderoso, pues no solo sus decisiones serán irreversibles (solo observadas por el Ejecutivo, en todo caso), sino que además no podrá ser disuelto. Pero mientras la Cámara de Diputados será elegida vía distritos electorales múltiples (tal como sucede en la actualidad con la elección del Congreso, con representantes por departamentos), la Cámara Alta será elegida de dos maneras. En primer lugar, se elegirá un senador por cada departamento (más Lima provincias, Callao y peruanos en el extranjero), con la excepción de Lima Metropolitana que tendrá cuatro senadores (suma de 30 en total). En segundo lugar, se elegirá a los 30 restantes por distrito electoral único; es decir, todo el país como una única jurisdicción. En ambas modalidades de elección senatorial (distrito múltiple y distrito único), existe la alternativa del voto preferencial. Como sabemos, esta institución implica un alto riesgo. Si bien permite al elector reconocer a su representante directo, el elegido puede interpretar que porta un mandato individual no asociado a la marca partidaria. El transfuguismo y la filtración de intereses ilegales han avanzado más gracias a que el voto preferencial tensiona desde adentro la unidad partidaria. Al respecto, sugiero, como segunda propuesta, que el Senado sea elegido por lista cerrada (al menos aquellos elegidos por distrito electoral múltiple), de modo que la composición de la Cámara Alta sea de absoluta responsabilidad de los partidos. Aunque ello implica un sesgo elitista, considero que no estamos en condiciones de arriesgar una instancia tan poderosa como el Senado al azar del voto preferencial. Podríamos mantener esta norma para diputados o dejarla, en el caso extremo, para los postores a la Cámara Alta por el distrito electoral único. De no ‘cerrar’ alguna lista, tendremos la opción de marcar hasta siete votos preferenciales: dos para diputados, tres para senadores (uno por distrito múltiple; dos por distrito único), y dos para Parlamento Andino. ¿Se imagina usted el sinsentido de elegir hasta siete candidatos a partir de una oferta de más de cuatro decenas de listas?

En el panel de reformas mínimas del último CADE, la asociación civil Transparencia –a través de Omar Awapara, su secretario general– sumó la correcta propuesta de regulación para generar incentivos (y no sanciones) a la promoción de alianzas multipartidarias de cara a los próximos comicios. Creo que de prosperar este paquete de tres reformas políticas mínimas podríamos obstaculizar en algo el avance de la penetración de la ilegalidad en la política. Siendo sensatos: vivimos una sociedad altamente informalizada, donde la lumpenburguesía ha transformado nuestro sistema político en la representación de intereses ocultos antes que en el procesamiento de bienes públicos. Este combo mínimo es un primer paso en enfocar el objetivo de reducir la informalidad política (pues produce un sistema de representación perverso), que no es lo mismo que estigmatizar al otro (que es como se han venido haciendo reformas políticas, hasta el momento).