Desdén

Los tiempos recientes del mandato de Dina Boluarte hacen recordar al inicio del fin de su predecesor y compañero de fórmula presidencial, Pedro Castillo. Es que ciertos patrones se repiten, como puede colegirse de una rápida revisión de hechos y acciones que han generado titulares.

Como Castillo, Boluarte ve apartarse a su abogado. El abogado de Castillo se hizo conocido por la prominencia de su defendido y tuvo varios amagues antes de dejar definitivamente el encargo. Hoy, Mateo Castañeda dice que quiere preservar “la integridad presidencial”, pero esa consideración podría haber estado ausente en las acciones previas del letrado; esto, de comprobarse la tesis fiscal del caso Los Waykis en la Sombra.

Como Castillo, Boluarte ha visto allanados su domicilio y su sede laboral, situaciones que también enfrentaron su entorno y su defensa. Las indagaciones efectuadas a Castillo hicieron conocer que su personal de confianza guardaba efectivo en Palacio de Gobierno. El allanamiento a las oficinas Boluarte, en cambio, reveló que la versión inicial sobre el origen de sus relojes de alta gama carecía de sustento, como bien lo admitiría la propia presidenta en ulterior mensaje a la nación.

Como ocurrió con Castillo, el nombre utilizado por la fiscalía para uno de los casos que comprometen a Boluarte alude a un gobierno paralelo, ejercido en la penumbra. Así, las indagaciones sobre lo que pasaba en la casa de Sarratea formaron parte del Caso Gabinete en la Sombra, mientras que los dudosos movimientos del entorno de Boluarte se denominan Los Waykis en la Sombra, prestando el término quechua que la presidenta empleó para referirse a Wilfredo Oscorima, pero extendiéndolo a una red mucho más amplia.

Como ocurrió con Castillo, con Boluarte varias designaciones y contrataciones parecen corresponder a una mirada patrimonialista del Estado, tal y como lo describe el reciente reportaje de “Punto final” sobre la situación en el IPD (Latina, 19/5/2024). De igual modo, los problemas de Castillo empezaron cuando quiso torcer la institucionalidad militar e imponer ascensos. Con designaciones o contrataciones sin sustento, Boluarte podría crearse un pasivo adicional a los que ya enfrenta.

A contracorriente del vals de Julio Jaramillo, cuyo título replica esta columna (toda repetición es una ofensa y toda supresión es un olvido), el gobierno de Boluarte se va convirtiendo en una reiteración de aquel, tan presente en la memoria política reciente. De hecho, hace exactamente tres años, día del debate técnico de la segunda vuelta, Boluarte decía que la principal tarea del gobierno de Perú Libre sería “la lucha contra el flagelo de la corrupción, caiga quien caiga”. Como resulta evidente en nuestro atribulado presente, esta sigue siendo una tarea pendiente.