:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/TWK3URRGNZADPMZNNHVSPSP6LI.jpg)
El Caso López Meneses no tendría que sujetarse a tanto rodeo gubernamental, policial, fiscal, judicial y legislativo.
Debiera consistir simplemente en jalar la pita de quién dio la orden para que la casa del ex operador de Vladimiro Montesinos gozara, por mucho tiempo, de un aparatoso resguardo policial.
La formalización de la denuncia penal de la fiscal Norah Córdova contra Óscar López Meneses y numerosos ex jefes policiales parece limitarse a investigar a quiénes recibieron la orden y quiénes la ejecutaron. Es decir: a encapsular el enjambre de culpabilidades en la relación de López Meneses con la cúpula policial de turno.
La exclusión del proceso del almirante José Cueto Aservi y del general retirado Luis Howell Ballena, que como presidentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habrían supuestamente solicitado el resguardo policial, según testimonio del ex director de la PNP Raúl Salazar, abre un grave vacío en la investigación.
Se trata precisamente del vacío que deja suelta una de las piezas claves para llegar a la verdad sobre el secreto mejor guardado del presidente Ollanta Humala o sobre la mayor infiltración mafiosa que su gobierno haya sufrido y que él no haya podido exorcizarla.
¿La supuesta orden de Cueto o de Howell, que obedientemente acató Salazar y la trasmitió a sus mandos, fue un invento de la cúpula policial para cubrir de formalidad e impunidad la presumible protección mafiosa de esta a López Meneses?
La súbita renuncia del entonces asesor presidencial en asuntos de seguridad nacional, Adrián Villafuerte, seguida de la del ministro del Interior Wilfredo Pedraza, a poco de la denuncia de Willax Televisión y El Comercio, deja pie a la siguiente pregunta: ¿acaso no hubo una orden de mayor nivel gubernamental que a su vez también fue encapsulada?
Si el presidente Humala tenía la certeza de que semejante resguardo a López Meneses, a quien llamó “basura”, era simplemente un tema de corrupción policial, no tenía por qué apresurarse en sacar a Villafuerte y sacrificar a su ministro del Interior.
Algo más: ya sea que se trate de un tema de corrupción policial o de otro que alcanza una esfera más alta, a sabiendas o no del presidente Humala, lo cierto es que nada justifica el manto de secretismo que lo envuelve, en los fueros gubernamental, legislativo y fiscal (que ahora pone, por ejemplo, fuera del tablero, a Cueto y Howell, comprometiéndolos así más que si hubieran sido incorporados al proceso).
La respuesta a la pregunta de quién dio la orden, incluye, por supuesto, la otra no menos importante: qué motivaciones policiales mafiosas o qué razones de Estado, y hasta qué punto distorsionadas, convirtieron la vivienda de López Meneses y a este mismo en sujeto de una costosísima y sofisticada protección oficial.
Nada agradecería tanto a la fiscal Norah Córdova como encontrar la pita clave de donde jalar la verdad: ¿quién y desde qué altura del poder político dio la orden que la cúpula policial cumplió a pies juntillas?
Por supuesto que López Meneses no es un marciano recién llegado al planeta Tierra.
