Solo el cálculo político (muy malo, dicho sea de paso) puede justificar que el Gobierno no haya aceptado las recomendaciones formuladas tres meses atrás por el (aún) directorio de Petro-Perú, cuando ya se había hecho notar el nivel de gravedad financiera y patrimonial de la compañía, para intentar sortear su anunciada crisis.
Quedará para cuando dejen su fajín saber a ciencia cierta cuál ha sido la posición de los ministros José Arista (MEF) y Rómulo Mucho (Minem) en torno del planteamiento del directorio de la estatal, y cuál es la del resto del Gabinete y la de la propia presidenta Dina Boluarte en un tema que no resiste el menor análisis.
Acaso los cambios ministeriales que ya se anuncian en breve (al cierre de la presente columna se desconocen sus alcances) serán una expresión de la posición final del Ejecutivo en torno de varios temas, y en especial respecto de este.
Entre seguir inyectando miles de millones de dólares a un barril sin fondo, ingresar a un proceso de insolvencia y posterior quiebra (con el consiguiente efecto en el riesgo país y nuestra calificación crediticia) y una reestructuración profunda a todo nivel para asegurar que cualquier aporte o garantía del Gobierno irá de la mano con los cambios que sean necesarios para el ingreso inexorable de capital privado, no hay que ser un experto en identificar a la menos mala de las opciones.
Si fuera el caso de un gobierno con un nivel de aceptación estable o alto, o con expectativas positivas fundadas hacia el 2026, el llamado “costo político” de adoptar el tercer escenario antes descrito podría estar entre las dudas y el cubileteo de sus defensores. Pero, incluso en ese contexto imaginario, liderar el cierre de una larga etapa de politización, mala gestión y corrupción en Petro-Perú para dar inicio, ahora sí, a su refundación no debería generar duda alguna.
Un ‘no-brainer’ es el término que utilizarían los anglosajones (aquello que es evidente y obvio) para situaciones como esta.
La decisión debe ser tomada para ayer. No hacerlo traerá consecuencias aún más graves no solo para la empresa, sino para el país. Razón por la que no cabe margen político. Es todo lo contrario; una administración sin capital ni respaldo ciudadano (como la que nos gobierna) debería ver esto más como una oportunidad que como un riesgo. Mostrar su compromiso con la sensatez y la responsabilidad.
Ojalá sea el caso.
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