El absurdo al que nos hemos reducido

El lunes, los 66 votos que reabrieron la posibilidad de que las elecciones sean en el 2023, la menos mala de las opciones sobre la mesa, se consiguieron a las justas.

En contra estuvieron los 32 votos de Perú Libre y las múltiples fracciones en las que se ha desgajado, así como 11 congresistas del híper desprestigiado Acción Popular. Además, y con total indiferencia ante el repudio ciudadano hacia el Congreso, Renovación Popular puso lo suyo con nueve votos “innegociables” que solo aceptan quedarse hasta el 2026, como tozudamente ha ratificado el almirante Jorge Montoya.

Los nueve de Renovación Popular y los 11 de Acción Popular habrían puesto a tiro de voto los mágicos 87 votos para que las elecciones sean en el 2023, desnudando a quienes, diciendo ser los representantes del pueblo movilizado en las calles, condicionan su salida a la aprobación de un referéndum para una asamblea constituyente.

Hay que reconocer el esfuerzo del congresista Guerra García, y de Fuerza Popular en general, para llegar a una fórmula que permita elecciones en el 2023; más todavía, cuando la vocera de la bancada, la congresista Patricia Juárez, ha ratificado que de ninguna manera Keiko Fujimori postularía en unas eventuales elecciones (traicionar a su palabra le traería aún más anticuerpos de los que ya le han hecho perder tres elecciones presidenciales consecutivas).

Es evidente que no queda otra que hacer concesiones a quienes se oponen a tener elecciones en el 2023 si se quiere abrir la posibilidad de conseguir (dos veces) 87 votos. Pero si es cierto lo que han hecho público varios parlamentarios, sobre aquello que podría ayudar a mover la aguja hacia arriba, estamos ante demandas absurdas, egoístas y hasta pueriles.

La primera, la que viene desde la izquierda radical, exige que sí o sí, a la par de las elecciones generales, se celebre un referéndum sobre si se debe convocar a una asamblea constituyente.

¿Son los congresistas de la diáspora de Perú Libre representativos del malestar ciudadano? No lo creo. Quedaron por la pata de los caballos en las elecciones regionales, incluidas en aquellas regiones en las que se han concentrado las protestas. ¿Han visto a alguno de ellos marchando en algún lugar o siquiera siendo bien recibidos en sus regiones de origen? ¿Se imaginan a Waldemar Cerrón pasando a una segunda vuelta?

¿Incluir esa pregunta es un “todo o nada” para los manifestantes pacíficos? No lo creo. Es verdad que, preguntada con tarjeta de opciones y para medir la sintonía de los encuestados con las demandas de los protestantes, la asamblea constituyente obtiene en la encuesta del IEP un impactante 69% de apoyo e incluso la libertad de Pedro Castillo es respaldada por un 43%.

Pienso, sin embargo, que ambas respuestas, más que expresar convicciones profundas e inamovibles, son bastante emocionales y dan cuenta tanto de la abrumadora indignación contra el Congreso y Dina Boluarte por las muertes de tantos peruanos, como del hastío ante la violencia que nos consume.

Si no, cómo entender que, en la misma encuesta, a la pregunta sobre quién podría ser un buen candidato(a) para las próximas elecciones, Pedro Castillo sea mencionado por un mísero 1,8%. Y que, en cambio, exista un apoyo mayoritario (51% vs. 42%) a la opción de que, si la protesta se vuelve violenta, las fuerzas del orden usen todos los medios para controlarla.

También, según ha trascendido, para conseguir votos de diversas bancadas remolonas, las elecciones no serían a comienzos de octubre y finales de noviembre (está documentado que sí se puede) y con transferencia el 1 de enero del 2024, como ya ha aceptado la propia Dina Boluarte, sino que estas tendrían lugar a finales de diciembre (¡entre Navidad y Año Nuevo!) y la segunda vuelta sería en febrero del 2024, dando paso a una transferencia el 1 de abril del próximo año (que algunos incluso piden para el 28 de julio). La única racionalidad que encuentro detrás de esto es que los congresistas cobren más meses.

Otra granjería que los entusiasma es que se elija a un Congreso complementario, solo hasta julio del 2026, que permita que los legisladores actuales puedan buscar la reelección. Se trata de una fantasía delirante si tomamos en cuenta que, en el Congreso complementario del 2020, solo tres congresistas consiguieron reelegirse.

Ello también implicaría que el nuevo Ejecutivo sea transitorio. Con lo que, entre el 28 de julio del 2016 y el 28 de julio del 2026, habríamos tenido ocho presidentes, alejando cualquier posibilidad de gobernar el país en serio y solo administrando las crisis.

Y aun atendiendo caprichos y gollerías, por más absurdas que estas sean, no hay certeza alguna de que 87 se puedan poner de acuerdo para ofrecerle al país una fecha cierta de elecciones adelantadas.

Otra posibilidad, si es que se llega a los 66 votos, es recurrir a un referéndum exclusivamente para fijar la fecha de las próximas elecciones; uno que podría competir en los récords Guinness como el más patético de la historia.

También se puede recurrir a la renuncia o a la vacancia de Dina Boluarte, instalando en Palacio a un presidente transitorio adicional, mientras se realizan las elecciones, lo que nos llevaría a los nueve jefes del Estado en 10 años.