Quería dedicar mi última columna del año a los retos económicos en el 2024, pero la colocación de bonos a 20 años de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) me obliga a retomar un tema que traté en mi tercera columna del 2023: la irresponsabilidad del alcalde Rafael López Aliaga.
En esa ocasión, criticaba el populismo y el poco respeto a la seguridad jurídica que había demostrado el burgomaestre al anunciar su intención de cancelar unilateralmente el contrato con Rutas de Lima y así eliminar los peajes en Puente Piedra.
Once meses después, se cumplen los pronósticos de quienes advertimos que una decisión de esa naturaleza iba a afectar la confianza de los inversionistas en la MML, pues la comuna ha tenido que aceptar pagar un rendimiento del 10,1% en esta operación por S/1.205 millones.
Como ha indicado el diario “Gestión”, esta tasa está más de dos puntos porcentuales por encima de la de los bonos del Gobierno al mismo plazo, pese a que Fitch Ratings le ha colocado la misma nota (BBB) al municipio para esta emisión que la que mantiene para la deuda soberana del Perú.
Este detalle muestra que el alto rendimiento de estos bonos no se debe solo a un entorno de mayores costos de financiamiento, sino a factores atribuibles exclusivamente a la MML, por lo que, incluso en un futuro en el que se intente reperfilar la deuda, las tasas que tendría que pagar la comuna podrían seguir siendo comparativamente altas.
¿Qué explica entonces la diferencia? Además de los altos niveles de deuda de la MML, mucho peso ha tenido el esfuerzo que ha hecho la comuna para resolver un contrato con un inversionista privado como Rutas de Lima sin ningún sustento jurídico y contraviniendo los tratados de protección de inversiones que ha firmado el Perú.
Este empeño seguramente no le va a rendir frutos debido a que es más que probable que un tribunal arbitral internacional falle, por tercera vez, en contra de la comuna. Sin embargo, el daño está hecho. ¿Cómo facilitarle dinero a bajo costo a una entidad que manifiestamente busca incumplir sus obligaciones?
Otra consecuencia que vamos a seguir viendo es la reticencia de las empresas a implementar proyectos de infraestructura bajo asociaciones público-privadas con el municipio, por temor a que les den el mismo trato que a Rutas de Lima.
Lo preocupante en este caso es que el alcalde, como hombre de negocios, sabía que esto iba a suceder. Y también debe ser consciente de que, al ser una deuda a 20 años, el costo no lo va a pagar solo su administración, sino los próximos alcaldes, que tendrán menos espacio para endeudarse y deberán dedicar una mayor parte de sus recursos a pagar estas obligaciones en desmedro de proyectos que beneficien a los limeños, quienes seremos, al final, los que pagaremos los platos que está rompiendo el burgomaestre.
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